Diputadas y diputados, representantes de los medios de comunicación, público:
A lo largo de este trienio he utilizado esta tribuna para denunciar diversas omisiones e irregularidades del Ayuntamiento encabezado por la Presidente Municipal Blanca Alcalá. En esta ocasión me referiré a una manifestación más del desprecio de dicha administración por el estado de derecho que dice respetar. Dejando para mejor ocasión el despilfarro de recursos que implican sus viajes con cargo al erario, hoy me referiré a una actitud –no sé si política de la administración hacia la ciudadanía- que genera severos conflictos entre los habitantes del municipio. Me refiero a su nulo interés por cumplir la ley, pasando por alto las peticiones y los procesos jurídicos y administrativos iniciados por la ciudadanía y que, por distintas razones, obligarían al Municipio a poner fin a conflictos entre particulares, mismos que se agravan ante la inacción de las autoridades. Por si esto no fuera poco, esta actitud de desprecio a la legalidad por parte del mismo municipio, alienta a distintos sectores de la población a tratar de imponer sus intereses privados por encima de los de la comunidad.
La principal consecuencia de esta actitud es el recrudecimiento de conflictos vecinales. Un primer caso: en la Colonia La Calera –misma que se supone debería conocer la ciudadana presidente municipal- en la avenida Zodiaco y la calle Encino de dicha colonia, existe una orden judicial que obliga al Ayuntamiento a retirar un apilamiento de escombro y piedra que sirve como muro. Este conflicto ya se ha vuelto crónico pues viene de algunas administraciones previas, pero la actual administración municipal en lugar de resolver el conflicto y dar cumplimiento a su obligación y a la sentencia judicial que confirma la misma, no actúa, originando un clima en el que la convivencia vecinal se ha vuelto difícil y la figura de la autoridad completamente irrelevante. Pareciera que el Ayuntamiento quisiera abdicar de sus funciones y dejar los conflictos de aparente menor rango en manos de asociaciones de vecinos, vecinos o de quien se ponga vivo pues no hay autoridad, ni aun cuando un juzgado la obliga.
Lo que parece un pequeño problema entre particulares que se agrava con la inacción del Ayuntamiento, se vuelve un enorme problema para la ciudadanía cuando advertimos de una falta generalizada de respeto a sus obligaciones legales por parte de la presente administración. Si en el caso anterior se opta por el paso del tiempo para que el conflicto se desactive o sea la próxima administración la que resuelva – a pesar del evidente conflicto legal que se genera por el desacato a una sentencia- hay casos aún más delicados. En la Central de Abastos a pesar de la movilización, de la atención pública y del cumplimiento de los mecanismos legales requeridos para solicitar la intervención del Ayuntamiento, se mantuvo en pie una barda que aislaba una comercializadora de carnes sin que hasta el momento tengamos información respecto a la resolución de dicho conflicto. Si en el caso de La Calera una de las partes crítica los excesos de la asociación de vecinos como motor del conflicto, aquí son ciertos locatarios de la Central de Abastos quienes aprovechan la inacción del Ayuntamiento para generar un daño económico a un posible competidor. Y el Municipio no actúa con la celeridad a la que le obligan sus propios reglamentos y su presunto compromiso con la ciudadanía.
Este desacato generalizado a la legalidad lleva a que particulares y asociaciones de vecinos se excedan en sus funciones e impongan su ley por encima de los preceptos legales. En una nota de un diario local del 30 de noviembre del presente año, se informa de como un presidente de una asociación de vecinos, arbitrariamente coloca portones en Villa Frontera, hasta hace poco un colonia abierta, y cobra cuotas para solventar dicho gasto sin contar con la autorización del Ayuntamiento ni con el aval de la mayoría de los vecinos. Este tipo de abusos se generan por la falta de respeto a la legalidad del Municipio que, al no cumplir con sus obligaciones legales, permite que asociaciones que en principio realizan acciones vitales para el funcionamiento de la ciudad sean usadas como instrumento para que una minoría imponga sus intereses particulares sobre el resto de la ciudadanía.
Por lo anterior y pensando en la necesidad de que se preserve el marco de respeto a la legalidad necesario para toda convivencia, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Puebla a que cumpla con la legalidad y evite el agravamiento de conflictos vecinales.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 2 de diciembre de 2010
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan
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