jueves, 12 de febrero de 2009

SOBRE LA REFORMA ELECTORAL



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H. Puebla de Zaragoza, Cuetlaxcoapan, a 11 de febrero de 2009

POSICIONAMIENTO SOBRE LA REFORMA ELECTORAL

La reforma electoral que se discute en esta Legislatura, no es una simple reforma de ley para hacer ajustes de fecha en las elecciones. Si es en julio o noviembre, en realidad en nada afecta al régimen de gobierno y no considero que tenga algún beneficio para los poblanos y las instituciones democráticas.

Desafortunadamente ninguno de Ustedes delibera el fondo de la reforma y envalentonados distraen la atención, eludiendo debatir sobre los grandes temas que representa cualquier reforma o adición a nuestra Carta Magna, como estas iniciativas que nos ocupan.

Las reformas que proponen conllevan un riesgo implícito para nuestra inacabada democracia: obtener el control absoluto del gobierno por una fuerza política. El Federalismo se defiende solo en discurso, sin embargo en los hechos se promueve el control para centralizar el poder y las decisiones, promoviendo un régimen absolutista pintado con bipartidismo del PRI y del PAN.

Así como el pueblo tiene el derecho a elegir a sus autoridades en ejercicio de su soberanía, debe contar con el derecho y la garantía de remover a las mismas legítimamente electas, como sucede en las democracias modernas y realmente participativas de muchos países, incluso así sucede con el gran demonio actual: Venezuela. La súbita preocupación de los “genios democratizadores” por elevar la calidad de nuestra democracia es un contrasentido. ¿Por qué no legislar sobre los mecanismos de la democracia directa y participativa como: plebiscito, referéndum, iniciativa popular y sobre todo la revocación de mandato?.

Con las reformas propuestas nos dirigimos hacia la antítesis de lo que muchos de Ustedes, compañeros y compañeras Legisladores, han combatido políticamente desde sus partidos: los regímenes totalitarios, que buscan un control absoluto de los procesos electorales, países que tienen una férrea intervención en sus elecciones. En las democracias modernas se tiene claramente establecido el periodo de mandato, no así el momento de abandonar el poder de las autoridades que puede ser cuando el pueblo así lo decida o través de sus representantes parlamentarios.

Para entrar al fondo de los temas, veamos en principio solo uno. Podemos iniciar por el más sencillo al parecer. Los pueblos originales y sus descendientes han sostenido una lucha de siglos para lograr se reconozcan sus derechos y se les otorguen garantías como comunidad, para preservar sus bienes y valores culturales, históricos, naturales. En Puebla lo más cercano a esta significativa y trascendental figura lo representan las Juntas Auxiliares y lo remarco Auxiliares.

Si un ejercicio libre y auténtico de democracia participativa, -del cual podríamos sentirnos orgullosos- es el proceso plebiscitario de elección directa, sin interferencias en sus autoridades comunitarias. Ya anteriormente reconocidas por ley como Auxiliares del Gobierno y que quede claro, auxiliar no designa a dependiente o subordinado, el término es Auxiliar.

Pero las ambiciones políticas, de control y de dominio de los detentadores del poder no descansan y, hoy vuelven a mostrar su talante autoritario y centralista. El viejo régimen no podía, y el actual no permite respetar este vivo ejemplo de autonomía comunal y libre ejercicio de organización que el Pueblo, sin la intervención partidaria y del gobierno se dio. Para la plutocracia del PRIAN, hay que controlarlo y anularlo.

La lucha Zapatista y otros heroicos movimientos en los últimas dos décadas, han logrado algunos mínimos avances para que se les reconozca el derecho de gozar de un autogobierno propio e interno y nuevamente se busca anularlo y someterlos.

¡No señores diputados!, las reformas serían dignas de impugnación por el fondo real que ustedes omiten y no mencionan, traicionando la alta representación que les fue conferida. Efectivamente, estas reformas podrían ser objeto de una controversia constitucional, por la vulneración, injerencia y menoscabo de la soberanía a los estados de la República, que se efectúa, por promover el centralismo en la figura de un candidato a Presidente de la República, que en los hechos intervendrá en la designación de los candidatos a todos los puestos de elección popular, diputados federales y locales, senadores, planillas de ayuntamientos y autoridades auxiliares de éstos, además de los candidatos a Gobernador, es impugnable por fomentar el bipartidismo excluyendo a cualquier fuerza política a obtener representación con el gravísimo riesgo que conlleva.

Este será el primer paso que darán aquellos para en un futuro próximo establecer la reelección a nivel federal y local.




Dip. Pepe Momoxpan

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