Diputadas y diputados, representantesde los medios de comunicación, público:
El artículo 130 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. El artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece: El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Desde la Tribuna del Congreso, hasta en dos ocasiones he señalado la violación a los artículos señalados con anterioridad, de parte de los ediles de Libres y Tecamachalco respectivamente. Al no prosperar los Puntos de Acuerdo, se crea un precedente para que otros presidentes municipales no respeten este precepto legal.
Tal es el caso del presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galileo Suárez Matías, quien acudió en días pasados a “darle la bienvenida” al párroco de la localidad y pronunció un discurso dentro del templo católico con citas religiosas, olvidando el cargo de autoridad civil que ostenta. Cito textualmente una nota de un periódico local que es parte del discurso del edil: “… queremos expresarle nuestra solidaridad para respaldar la misión que le ha sido encomendada para tratar de establecer el equilibrio social, ya que como Jesús sintió en su corazón inmensa compasión y amor hondísimo por los pobres de todos los siglos y en su divino evangelio dejó la clave maravillosa de la armonía social”. En otra parte, el presidente municipal dijo: “hoy, a nombre del ayuntamiento municipal y de la ciudad en general, le damos la más cordial bienvenida y le deseamos que su obra lleve en el fondo de su corazón la imagen de la Patria; vamos a hacer obra santa, no solo para nosotros, sino también para nuestros padres e hijos”.
El mal ejemplo cunde no solo entre los ediles, sino entre los legisladores, pues ya escuchamos un discurso con citas bíblicas desde la misma Tribuna del Congreso del Estado, como cuando le entregaron un reconocimiento a la señora Socorro Romero. He denunciado en otras ocasiones la violación al principio del laicismo del Estado, pero lo siguen haciendo tanto la mayoría de este Congreso al aprobar la famosa contrarreforma constitucional Bailleres, como ahora los Presidentes Municipales y hasta el fiscal anticorrupción del Gobierno de Mario Marin, en su libro “Por una Puebla sin corrupción” plagado de una orientación de derecha y religiosa. Tiene que venir la historiadora Patricia Galeana a dar lecciones de respeto al derecho a decidir de las mujeres y de la estrategia perversa de la Iglesia Católica que impulsa esas reformas en todo el país, evidenciando a Puebla como uno de los 17 estados que se encuentran a la zaga del pensamiento avanzado en el mundo y que se pone al servicio de la Iglesia Católica. Por esas razones es indispensable que ya sometan el estudio de los Puntos de Acuerdo que presenté sobre estos temas que violentan el laicismo del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para exhortar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías, a cumplir los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con relación a la separación del Estado y las Iglesias.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 3 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
Desde la Tribuna del Congreso, hasta en dos ocasiones he señalado la violación a los artículos señalados con anterioridad, de parte de los ediles de Libres y Tecamachalco respectivamente. Al no prosperar los Puntos de Acuerdo, se crea un precedente para que otros presidentes municipales no respeten este precepto legal.
Tal es el caso del presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galileo Suárez Matías, quien acudió en días pasados a “darle la bienvenida” al párroco de la localidad y pronunció un discurso dentro del templo católico con citas religiosas, olvidando el cargo de autoridad civil que ostenta. Cito textualmente una nota de un periódico local que es parte del discurso del edil: “… queremos expresarle nuestra solidaridad para respaldar la misión que le ha sido encomendada para tratar de establecer el equilibrio social, ya que como Jesús sintió en su corazón inmensa compasión y amor hondísimo por los pobres de todos los siglos y en su divino evangelio dejó la clave maravillosa de la armonía social”. En otra parte, el presidente municipal dijo: “hoy, a nombre del ayuntamiento municipal y de la ciudad en general, le damos la más cordial bienvenida y le deseamos que su obra lleve en el fondo de su corazón la imagen de la Patria; vamos a hacer obra santa, no solo para nosotros, sino también para nuestros padres e hijos”.
El mal ejemplo cunde no solo entre los ediles, sino entre los legisladores, pues ya escuchamos un discurso con citas bíblicas desde la misma Tribuna del Congreso del Estado, como cuando le entregaron un reconocimiento a la señora Socorro Romero. He denunciado en otras ocasiones la violación al principio del laicismo del Estado, pero lo siguen haciendo tanto la mayoría de este Congreso al aprobar la famosa contrarreforma constitucional Bailleres, como ahora los Presidentes Municipales y hasta el fiscal anticorrupción del Gobierno de Mario Marin, en su libro “Por una Puebla sin corrupción” plagado de una orientación de derecha y religiosa. Tiene que venir la historiadora Patricia Galeana a dar lecciones de respeto al derecho a decidir de las mujeres y de la estrategia perversa de la Iglesia Católica que impulsa esas reformas en todo el país, evidenciando a Puebla como uno de los 17 estados que se encuentran a la zaga del pensamiento avanzado en el mundo y que se pone al servicio de la Iglesia Católica. Por esas razones es indispensable que ya sometan el estudio de los Puntos de Acuerdo que presenté sobre estos temas que violentan el laicismo del Estado.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para exhortar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías, a cumplir los artículos 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con relación a la separación del Estado y las Iglesias.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 3 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presente
El que suscribe, Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y XI, 46 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
Punto de Acuerdo para exhortar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías, a cumplir los artículos: 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con relación a la separación del Estado y las Iglesias.
Antecedente
El artículo 130 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. El artículo 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público establece: El Estado mexicano es laico. El mismo ejercerá su autoridad sobre toda manifestación religiosa, individual o colectiva, sólo en lo relativo a la observancia de las leyes, conservación del orden y la moral públicos y la tutela de derechos de terceros. El Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio en favor de religión alguna. Tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa.
Desde la Tribuna del Congreso, hasta en dos ocasiones he señalado la reiterada violación a los artículos señalados con anterioridad, de parte de los ediles de Libres y Tecamachalco respectivamente. Al no prosperar los Puntos de Acuerdo, se crea un precedente para que otros presidentes municipales no respeten este precepto legal.
Tal es el caso del presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías, quien acudió en días pasados a “darle la bienvenida” al párroco de la localidad y pronunció un discurso dentro del templo católico con citas religiosas, olvidando el cargo de autoridad civil que ostenta. Cito textualmente una nota de un periódico local, parte del discurso del edil: “… queremos expresarle nuestra solidaridad para respaldar la misión que le ha sido encomendada para tratar de establecer el equilibrio social, ya que como Jesús sintió en su corazón inmensa compasión y amor hondísimo por los pobres de todos los siglos y en su divino evangelio dejó la clave maravillosa de la armonía social”. En otra parte, el presidente municipal dijo: “hoy, a nombre del ayuntamiento municipal y de la ciudad en general, le damos la más cordial bienvenida y le deseamos que su obra lleve en el fondo de su corazón la imagen de la Patria; vamos a hacer obra santa, no solo para nosotros, sino también para nuestros padres e hijos”.
El mal ejemplo cunde no solo entre los ediles, sino entre los legisladores, pues ya escuchamos un discurso con citas bíblicas desde la misma Tribuna del Congreso del Estado.
Considerando
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para exhortar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías, a cumplir los artículos: 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, con relación a la separación del Estado y las Iglesias.
Único.- Exhortamos al presidente municipal de Izucar de Matamoros, C. Rubero Galielo Suárez Matías a respetar los preceptos legales correspondientes a la separación del Estado y las Iglesias.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 2 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
Diputadas y diputados, representantes
de los medios de comunicación, público:
En días pasados, por una denuncia periodística conocimos de la comisión de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos, concretamente en la Dirección de Vialidad del Estado, a cargo de Armando Toxqui Quintero, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública cuyo titular es el general Mario Ayón Rodríguez.
Cito textualmente el encabezado del periódico del día viernes 27 de noviembre del año en curso: Lucra Armando Toxqui con permisos falsos. El Director de Seguridad Vial y su personal de confianza venden por 300 pesos documentos sin validez oficial para circular sin placas; la única dependencia autorizada para expedirlos es la Secretaría de Finanzas.
Es facultad única de la Secretaría de Finanzas expedir y cobrar los permisos provisionales de circulación tal como lo establece la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Puebla del año 2009: Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 2 a 15 días para que un vehículo de motor del servicio particular circule sin placas de identificación, incluyendo formato la dependencia cobra la cantidad de $160. Entre los presuntos delitos que incurriría el Director de Vialidad del Estado, es el de concusión, tal como lo establece el Código de Defensa Social del Estado.
Días después de que se hizo pública la venta ilegal de permisos provisionales, el director de vialidad aceptó que expedía dichos documentos oficiales y en sus palabras declaró que no recibía remuneración económica por los mismos, “a confesión de parte relevo de pruebas”, esa confesión libre y sin coacción no lo exime de la responsabilidad legal, al contrario, ya que la Secretaría de Seguridad Pública no está facultada para expedir los mismos. Es presumible también la comisión de los delitos de: falsificación de documentos, uso indebido de membretes oficiales, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Este mal funcionario también ha sido Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde organizó una emboscada a los trabajadores de TAMEME, con resultado de un muerto, a su paso por la subsecretaría de Gobernación estatal era el terror de los ejidatarios, despojó a los campesinos del Ejido de Cuanalá pertenecientes al municipio de Juan C. Bonilla, terrenos que compraba Ivan Mange de triste memoria en la zona de Cholula y sus alrededores. ¿Qué diría su abuelo, el ex gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, si viviera? Lo que vemos aquí es una historia de degradación, este funcionario aprovechándose de la memoria de su abuelo se ha colocado en diversas administraciones estatales pero ha sido constantemente degradado, por su corrupción, incompetencia y tropelías que ni el propio gobierno aguanta.
¿Qué podemos esperar? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también emite permisos ilegales para circular que vende a 5000 pesos a los mototaxistas, y la Secretaría de Seguridad Pública vende permisos también, como he dicho el mal ejemplo cunde si no actuamos, estas dos dependencias del Estado violan las leyes con la complacencia de la mayoría de este Congreso, esto y más nos espera con el marinismo y el zavalismo.
Justo el día de ayer el gobernador declaró que no permitirá omisiones ni corrupción en la recta final de su gobierno, se refiere al tristemente célebre “año de Hidalgo”. Este es un buen momento para que los legisladores del PRI sigan el ejemplo de su líder político y decidan intervenir en este penoso asunto. Así que esperemos que no se repita la conducta usual del poder de aguantar a sus funcionarios por más corruptos e ineficientes que sean, el castigo máximo es su degradación. El Congreso del Estado está obligado a intervenir para llamar a comparecer al titular de la Secretaría y emitir un pronunciamiento del caso aquí expuesto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para solicitar conforme al artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gral. Mario Ayón Rodríguez, para que explique ante el Congreso la expedición de permisos de circulación de la Dirección de Vialidad, a cargo de Armando Toxqui Quintero y la probable comisión de los delitos de concusión y los que resulten de estos hechos.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 3 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
Cito textualmente el encabezado del periódico del día viernes 27 de noviembre del año en curso: Lucra Armando Toxqui con permisos falsos. El Director de Seguridad Vial y su personal de confianza venden por 300 pesos documentos sin validez oficial para circular sin placas; la única dependencia autorizada para expedirlos es la Secretaría de Finanzas.
Es facultad única de la Secretaría de Finanzas expedir y cobrar los permisos provisionales de circulación tal como lo establece la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Puebla del año 2009: Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 2 a 15 días para que un vehículo de motor del servicio particular circule sin placas de identificación, incluyendo formato la dependencia cobra la cantidad de $160. Entre los presuntos delitos que incurriría el Director de Vialidad del Estado, es el de concusión, tal como lo establece el Código de Defensa Social del Estado.
Días después de que se hizo pública la venta ilegal de permisos provisionales, el director de vialidad aceptó que expedía dichos documentos oficiales y en sus palabras declaró que no recibía remuneración económica por los mismos, “a confesión de parte relevo de pruebas”, esa confesión libre y sin coacción no lo exime de la responsabilidad legal, al contrario, ya que la Secretaría de Seguridad Pública no está facultada para expedir los mismos. Es presumible también la comisión de los delitos de: falsificación de documentos, uso indebido de membretes oficiales, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Este mal funcionario también ha sido Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde organizó una emboscada a los trabajadores de TAMEME, con resultado de un muerto, a su paso por la subsecretaría de Gobernación estatal era el terror de los ejidatarios, despojó a los campesinos del Ejido de Cuanalá pertenecientes al municipio de Juan C. Bonilla, terrenos que compraba Ivan Mange de triste memoria en la zona de Cholula y sus alrededores. ¿Qué diría su abuelo, el ex gobernador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, si viviera? Lo que vemos aquí es una historia de degradación, este funcionario aprovechándose de la memoria de su abuelo se ha colocado en diversas administraciones estatales pero ha sido constantemente degradado, por su corrupción, incompetencia y tropelías que ni el propio gobierno aguanta.
¿Qué podemos esperar? La Secretaría de Comunicaciones y Transportes también emite permisos ilegales para circular que vende a 5000 pesos a los mototaxistas, y la Secretaría de Seguridad Pública vende permisos también, como he dicho el mal ejemplo cunde si no actuamos, estas dos dependencias del Estado violan las leyes con la complacencia de la mayoría de este Congreso, esto y más nos espera con el marinismo y el zavalismo.
Justo el día de ayer el gobernador declaró que no permitirá omisiones ni corrupción en la recta final de su gobierno, se refiere al tristemente célebre “año de Hidalgo”. Este es un buen momento para que los legisladores del PRI sigan el ejemplo de su líder político y decidan intervenir en este penoso asunto. Así que esperemos que no se repita la conducta usual del poder de aguantar a sus funcionarios por más corruptos e ineficientes que sean, el castigo máximo es su degradación. El Congreso del Estado está obligado a intervenir para llamar a comparecer al titular de la Secretaría y emitir un pronunciamiento del caso aquí expuesto.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para solicitar conforme al artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gral. Mario Ayón Rodríguez, para que explique ante el Congreso la expedición de permisos de circulación de la Dirección de Vialidad, a cargo de Armando Toxqui Quintero y la probable comisión de los delitos de concusión y los que resulten de estos hechos.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 3 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presente
El que suscribe, Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y XI, 46 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
Punto de Acuerdo para solicitar conforme al artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gral. Mario Ayón Rodríguez, para que explique ante el Congreso la expedición de permisos de circulación de la Dirección de Vialidad, a cargo de Armando Toxqui Quintero y la probable comisión de los delitos de concusión y los que resulten de estos hechos.
Antecedente
En días pasados, por una denuncia periodística conocimos de la comisión de probables delitos cometidos por servidores públicos, concretamente en la Dirección de Vialidad del Estado, a cargo de Armando Toxqui Quintero, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública cuyo titular es el general Mario Ayón Rodríguez.
Cito textualmente el encabezado del periódico del día viernes 27 de noviembre del año en curso: Lucra Armando Toxqui con permisos falsos. El Director de Seguridad Vial y su personal de confianza venden por 300 pesos documentos sin validez oficial para circular sin placas; la única dependencia autorizada para expedirlos es la Secretaría de Finanzas.
Es facultad única de la Secretaría de Finanzas expedir y cobrar los permisos provisionales de circulación tal como lo establece la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Puebla del año 2009: Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 2 a 15 días para que un vehículo de motor del servicio particular circule sin placas de identificación, incluyendo formato la dependencia cobra la cantidad de $160.
Entre los presuntos delitos que incurriría el Director de Vialidad del Estado, es el de concusión, que textualmente establece el Código de Defensa Social del Estado:
Artículo 430.- Comete el delito de concusión el servidor público que, con el carácter de tal y a titulo de impuesto o ,contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija por sí, o por medio de otro, dinero, valores, servicios, o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Artículo 431.- El delito de concusión se sancionará con destitución del cargo, empleo o comisión, inhabilitación para obtener cualesquiera otros, por un término de dos a seis años, multa de diez a cien días de salario y prisión de dos a seis años.
Días después de que se hizo pública la venta ilegal de permisos provisionales, el director de vialidad aceptó que expedía dichos documentos oficiales y en sus palabras declaró que recibía remuneración económica por los mismos, no obstante lo anterior no lo exime de la responsabilidad legal, ya que la Secretaría de Seguridad Pública no está facultada para expedir los mismos. Se presume también la comisión de los delitos de: falsificación de documentos, uso indebido de membretes oficiales, usurpación de funciones y abuso de autoridad. El Congreso del Estado está obligado a intervenir para llamar a comparecer al titular de la Secretaría y emitir un pronunciamiento del caso aquí expuesto.
Considerando
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para solicitar conforme al artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gral. Mario Ayón Rodríguez, para que explique ante el Congreso la expedición de permisos de circulación de la Dirección de Vialidad, a cargo de Armando Toxqui Quintero y la probable comisión de los delitos de concusión y los que resulten de estos hechos.
Primero.- Exhortamos a comparecer al Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Gral. Mario Ayón Rodríguez para que explique ante esta Soberanía, la probable comisión de delitos de un subalterno a su cargo.
Segundo.- Exhortamos a las Comisiones respectivas de este H. Congreso a conocer del caso y emitir un pronunciamiento de la Dirección de Vialidad, a cargo de Armando Toxqui Quintero y la probable comisión de los delitos de concusión y los que resulten de estos hechos.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 2 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de PueblaEs inaudito lo que hicieron los diputados del PRI y Nueva Alianza, que integran la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal, el pasado primero de diciembre votaron en contra de la creación del Fondo que posibilite el resarcimiento del daño que han sufrido los defraudados de SITMA, INVERGROUP y otras empresas defraudadoras. En la sesión de dicha Comisión encabezada por un diputado del PRI, su líder y también conspicuo zavalista, después de horas de discusión infructuosa porque los compañeros diputados “no entienden razones”. La Dirección General de Asuntos Jurídicos, Estudios y Proyectos Legislativos del Congreso presentó un “Diagnóstico del Grupo Inmobiliario SITMA” donde pretendieron explicar los motivos para no atender los reclamos de los ciudadanos defraudados que han acudido a los diputados para que atendamos el problema del megafraude. El Jurídico del Congreso concluyó que no tenemos facultades para crear un Fideicomiso porque es facultad del Ejecutivo del Estado, sin embargo, es mañoso el diagnóstico porque mi punto no se refería a ese fideicomiso o esa solución sino a la creación de un fondo.
Rechazaron el Punto de Acuerdo para solicitar a esa Comisión que elaborara un Decreto de la Ley de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010, que contemple un fondo para restituir los depósitos de los defraudados por las diversas empresas inmobiliarias, pseudofinancieras y otras figuras fraudulentas en la entidad, este punto de acuerdo lo presenté el pasado 12 de noviembre en el Pleno del Congreso. También votaron en contra de la aprobación del Punto de Acuerdo que presentaron los diputados del PAN. Luego de una intensa discusión el Titular del Jurídico del Congreso aceptó que el Punto que yo presenté si era procedente porque pedíamos se creara un Fondo, pero también fue votado en contra ya sin más argumentos del PRI y el diputado del PANAL.
El día en la comparecencia del Secretario de Finanzas, explicó que el dinero que se ocupará para el asunto de COOFIA, proviene del capítulo 4000 del rubro referente a subsidios y transferencias para desastres, parece que ahí sí hay voluntad para resolver el problema. En cambio en el asunto de SITMA se van a la descalificación y no dicen la verdad, argumentan que las leyes impiden que el Gobierno y el Congreso actúen no quieren atender a los ciudadanos porque dicen que es un problema entre particulares.
Finalmente en esa sesión del uno de diciembre aprobaron diversos puntos que no atienden el fondo del problema, por ejemplo, que la Procuraduría General del Justicia siga informando a la Presidencia de la Comisión de Hacienda, lo que no es correcto porque nos filtrará la información a cuenta gotas y sesgada, otros puntos son para que se hagan investigaciones y se atienda a los defraudados por la autoridades pero sin mayor alcance puesto que las autoridades están obligadas desde que aceptaron el cargo a respetar las leyes.
Cuetlaxcoapan H. Puebla de Zaragoza, a 2 de diciembre de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
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