Haz click en la imagen para ampliarlaPOSICIONAMIENTO RESPECTO A LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE PUEBLA.
El Decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los artículos 16, 17, 18 y 19; la denominación de los Capítulos II, IV y V del Título Primero; y la adición del Capítulo VI al mismo Título; que presentó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Sesión Ordinaria del pasado cuatro de marzo, implica un retroceso a la vida social en la entidad.
La sociedad poblana es diversa, la pretensión de imponer una sola visión tradicional de familia, responde solo a una parte de la misma, no como producto de un consenso amplio. El Decreto cierra el camino a la atención de graves problemas sociales como el aborto, la falta de reconocimiento a los derechos de convivencia, a la posibilidad de muerte asistida, la integración de las madres solteras a un pleno ejercicio de sus derechos, la atención a las consecuencias de la migración en la familia, al cambio de roles como consecuencia de la precarización del trabajo.
Las políticas de largo alcance con respecto al tema de la familia, que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son las siguientes: empleo; seguridad social; equidad de género; reconciliación del trabajo y responsabilidades familiares, familias libres de violencia doméstica; migración, pobreza, infantes en situación de calle; derechos de los niños, la familia y la sociedad; educación y vida familiar; paternidad responsable; roles de los padres, y hogares encabezados por una mujer soltera. Todos estos grandes temas propuestos por la ONU, brillan por su ausencia en la propuesta.
Encontramos también conflictos constitucionales y legales en los artículos propuestos, porque contravienen las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite el aborto en circunstancias muy concretas. Con esta contrarreforma, en la Constitución local se restringirían derechos, ya que se derogarían esas causales del aborto legal, e impediría profundizar el alcance de la legislación para abordar y resolver el problema de salud que representa el aborto clandestino.
Con el engaño de elevar a rango constitucional instituciones como el patrimonio familiar, y los derechos de las personas a vivir sin violencia en el seno familiar, proponen una reforma constitucional que mutila derechos y garantías consagradas ya en la legislación secundaria y en la propia Constitución local, que se pretende contrareformar por no mencionar que se viola la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Esta contrarreforma es inútil, autoritaria y sin sustento. Inútil porque no responde a los problemas concretos que las transformaciones sociales y económicas de los últimos años han provocado en el ámbito familiar; autoritaria porque no es resultado de ninguna consulta, buscando imponer a todo el variado conjunto social la limitada visión de un segmento de la misma; sin sustento porque no se consultó a ninguna institución de educación superior, ni se respondió a los requerimientos que establece la ONU como lineamientos para las políticas del rubro, mismas que parten de la noción de la pluralidad de familias.
El Decreto es resultado de la debilidad del gobernador Marín, que se presta a imponer a toda la sociedad poblana, una visión que ni siquiera corresponde a su partido. Quien pretende emular la obra de Juárez, actúa como si el ámbito de lo familiar todavía estuviera en la esfera de los grupos de ultraderecha.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 11 de marzo de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
El Decreto que reforma la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en los artículos 16, 17, 18 y 19; la denominación de los Capítulos II, IV y V del Título Primero; y la adición del Capítulo VI al mismo Título; que presentó el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la Sesión Ordinaria del pasado cuatro de marzo, implica un retroceso a la vida social en la entidad.
La sociedad poblana es diversa, la pretensión de imponer una sola visión tradicional de familia, responde solo a una parte de la misma, no como producto de un consenso amplio. El Decreto cierra el camino a la atención de graves problemas sociales como el aborto, la falta de reconocimiento a los derechos de convivencia, a la posibilidad de muerte asistida, la integración de las madres solteras a un pleno ejercicio de sus derechos, la atención a las consecuencias de la migración en la familia, al cambio de roles como consecuencia de la precarización del trabajo.
Las políticas de largo alcance con respecto al tema de la familia, que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) son las siguientes: empleo; seguridad social; equidad de género; reconciliación del trabajo y responsabilidades familiares, familias libres de violencia doméstica; migración, pobreza, infantes en situación de calle; derechos de los niños, la familia y la sociedad; educación y vida familiar; paternidad responsable; roles de los padres, y hogares encabezados por una mujer soltera. Todos estos grandes temas propuestos por la ONU, brillan por su ausencia en la propuesta.
Encontramos también conflictos constitucionales y legales en los artículos propuestos, porque contravienen las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite el aborto en circunstancias muy concretas. Con esta contrarreforma, en la Constitución local se restringirían derechos, ya que se derogarían esas causales del aborto legal, e impediría profundizar el alcance de la legislación para abordar y resolver el problema de salud que representa el aborto clandestino.
Con el engaño de elevar a rango constitucional instituciones como el patrimonio familiar, y los derechos de las personas a vivir sin violencia en el seno familiar, proponen una reforma constitucional que mutila derechos y garantías consagradas ya en la legislación secundaria y en la propia Constitución local, que se pretende contrareformar por no mencionar que se viola la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Esta contrarreforma es inútil, autoritaria y sin sustento. Inútil porque no responde a los problemas concretos que las transformaciones sociales y económicas de los últimos años han provocado en el ámbito familiar; autoritaria porque no es resultado de ninguna consulta, buscando imponer a todo el variado conjunto social la limitada visión de un segmento de la misma; sin sustento porque no se consultó a ninguna institución de educación superior, ni se respondió a los requerimientos que establece la ONU como lineamientos para las políticas del rubro, mismas que parten de la noción de la pluralidad de familias.
El Decreto es resultado de la debilidad del gobernador Marín, que se presta a imponer a toda la sociedad poblana, una visión que ni siquiera corresponde a su partido. Quien pretende emular la obra de Juárez, actúa como si el ámbito de lo familiar todavía estuviera en la esfera de los grupos de ultraderecha.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 11 de marzo de 2009
Dip. Pepe Momoxpan
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