H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presidenta de la Comisión Permanente
P r e s e n t e
En días pasados diversos medios de comunicación locales, publicaron declaraciones del Subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación en el estado, José Francisco Díaz Gil, respecto al problema de las pseudoempresas inmobiliarias y financieras que defraudaron a miles de poblanos. El funcionario expresó su molestia por el plantón que afectados realizaron fuera de “Casa Aguayo” y por las consignas que gritaban en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el candidato al gobierno del estado de la coalición “Alianza Puebla Avanza” Javier López Zavala, del que funge como guardaespaldas en su ratos libre ya que un día sí y otro también aparece fotografiado junto a él.
El Subsecretario defendió el sacrosanto derecho de los vehículos a transitar por la vía pública y amenazó con interponer denuncias contra los defraudados por “ataque a las vías de comunicación”; desconoció a unos de los representantes de los afectados por SITMA, Alejandro Tapia Cortés, como un intercolutor válido puesto que es uno de los representante de los afectados, que no ha cedido a sus chantajes, amenazas e intentos de cooptación. Hacemos responsable al Subsecretario Jurídico, José Francisco Díaz Gil y al Secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, de la integridad física de Alejandro Cortés Tapia y su familia, puesto que Gobernación ha fracaso en su intento de desmembrar el movimiento social y ahora recurren a la amenaza de la violencia institucional en contubernio con representantes legales de SITMA:
Por enésima ocasión recordamos a la autoridad federal y estatal su corresponsabilidad, en lo que ya se conoce como “el fraude del siglo” en Puebla: 21 empresas que operaron a al vista de todos impunemente en la entidad, 17 mil 800 denuncias interpuestas ante la autoridad y según cálculos de la Procuraduría General de Justicia del Estado el monto del fraude asciende a 2 mil 200 millones de pesos, una cantidad cercana al presupuesto anual del municipio de Puebla. En el caso de SITMA la cantidad estimada del fraude es de 783 millones de pesos.
En vista de lo anterior no es posible que se repare el daño a los defraudados por SITMA con el valor de un terreno en el municipio de Calpan, solución que ofrecen los abogados de la pseudo inmobiliaria ya que no han demostrado su legítima propiedad, ni que el terreno esté libre de todo gravamen.
Es muy clara la confabulación de los apoderados legales de SITMA junto con funcionarios de Gobernación, ya que los representantes auténticos, no quienes fungen como esquiroles del gobierno del estado y de la pseudo inmobiliaria, ya que reciben presiones y amenazas de ambas vías en un esfuerzo por desactivar el movimiento social que encabeza el señor Alejandro Tapia Cortés y otros compañeros, en plena temporada electoral, hecho que tiene muy molesto al gobernador, su “delfín” y altos funcionarios del estado. Seguiremos atentos al curso de los acontecimientos y buscando una salida jurídica viable al “fraude del siglo”.
Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 18 de mayo de 2010
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