Fermín Alejandro García
09/septiembre/2010
Ayer fueron sentenciados a 8 años de cárcel los siete ex policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz que agredieron al legislador José Manuel Pérez Vega en el año 2008, acción que casi le costó la vida a él y dos de sus colaboradores; aunque el castigo a los ex agentes de seguridad pública parezca un acto de justicia, en realidad es una muestra más de la impunidad que priva en el estado, ya que a los autores intelectuales del atentado, incluido el edil Esteban Gorgonio Merino Méndez, no les tocaron ni un pelo.
En el caso específico del alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz ha contado con la protección de los diputados priistas del Congreso local, pese a que en su contra pesa una larga lista de abusos de autoridad y de otra índole, pues de todo es sabido que este hombre es beneficiario de la deforestación de una parte de la Sierra Negra de Puebla y de la venta de alcohol a indígenas como una forma de sometimiento.
Lo irónico de todo esto es que los diputados del PRI protegieron al edil para que no fuera destituido del cargo y lo ayudaron para que no lo procesaran penalmente por el delito de intento de homicidio, y mucho de este comportamiento, se dice, fue resultado de que el presidente municipal era cercano a Javier López Zavala; sin embargo, pese a esa protección, al alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz se le vio en la pasada campaña electoral apoyando al candidato a gobernador de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Lo que ha pasado con el caso de la agresión al diputado local del PT José Manuel Pérez Vega y la protección al alcalde Esteban Gorgonio Merino muestra la cruda realidad de amplias zonas de la entidad, sobre todo en regiones indígenas, la cual es que en Puebla siguen existiendo caciques que someten a la población a horca y cuchillo, que en muchos municipios no se sabe que es el Estado de Derecho y que se puede intentar matar a un legislador y no pasa nada.
Esteban Gorgonio Merino cobró notoriedad porque en el mes de julio de 2008 un grupo de policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz emboscó al diputado Pérez Vega, quien logró huir, pero fue perseguido, luego de que le dispararon y al final lo detuvieron de manera ilegal para después torturarlo. Los hechos mostraban que se había tratado de un intento de ejecución y que al parecer en la planeación de la agresión, estaban involucradas no solamente las autoridades de ese municipio; pero antes de ese hecho ya había una larga lista de abusos cometidos por ese alcalde, como son las siguientes:
Gorgonio Merino Méndez es un hombre que desde antes de ser alcalde ya se dedicaba a la venta de madera, y por esa razón la mayor parte de los días de cada semana se la pasa en Tehuacán atendiendo sus negocios.
Quien realmente gobierna es su hijo Antonio Merino, quien por cierto fue el que encabezó la cacería de la que fue objeto el diputado Pérez Vega.
El Congreso conoció de esa situación y no hizo nada; es decir, se deja con toda impunidad que una persona –en este caso Antonio Merino– que sin haber sido electa en las urnas asume el cargo de edil de lunes a viernes y le dé órdenes a los regidores, policías y trabajadores del ayuntamiento, y por si fuera poco, el Poder Legislativo supo que Gorgonio Merino Méndez solamente se presenta –o se presentaba– los fines de semana para obligar a los regidores a firmar actas de sesiones de cabildo que no existieron y de esa manera se avala el funcionamiento del gobierno municipal que dirige su hijo en su ausencia.
Poco antes de que en 2008 se diera la agresión en contra de Pérez Vega, el ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz decidió apoderarse de varias hectáreas de la comunidad de Zacatilihuic que están destinadas al cultivo de café y son propiedad de seis familias de indígenas de la región.
El ayuntamiento, sin emitir un decreto expropiatorio o pagar alguna indemnización, intentó apoderarse de los terrenos. Eso provocó que un grupo de afectados se armara de valor y fuera a protestar al palacio municipal. La respuesta que les dio un grupo de regidores, auxiliados por policías municipales, es que los encerraron en un salón y no los dejaron salir hasta que firmaron un documento mediante el cual, supuestamente de manera voluntaria, cedían los derechos de los predios al gobierno local.
Después de ese acto de coacción, en el ayuntamiento se dieron cuenta de que algunos de los indígenas que habían ido a protestar y fueron encerrados no eran los dueños directos de los terrenos, por lo cual se mandó a la Policía Municipal a cazar literalmente a los propietarios para llevarlos al palacio a firmar el otorgamiento de los predios.
Por todos estos hechos, el Congreso local –por acción y gracia de la fracción parlamentaria del PRI– solamente ha tenido la capacidad de amonestar al alcalde en cuestión.
Las promesas de todos los grupos parlamentarios de que no se dejaría impune el atentado contra Pérez Vega fue simple demagogia.
Al final el edil no fui incluido en las averiguaciones del atentado, pese a que en un acta ministerial uno de los policías involucrados da a entender que la orden primero de emboscar y luego de perseguir al legislador del Partido del Trabajo la dio el presidente municipal.
En la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llega a la conclusión de que lo ocurrido fue un intento de homicidio.
Frente al desenlace de los hechos, solamente queda la expresión: qué barato sale intentar matar a un diputado local de oposición.
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