Haciendo comentarios con mi compañero Diputado Melitón Lozano Pérez, integrante del PRD.
viernes, 25 de julio de 2008
IMAGENES SESIÓN JUEVES 24 DE JULIO DE 2008
Con mis compañeros Diputados José Othón Bailleres Carriles (centro) y Juan Antonio González Hernández (izquierda), ambos integrantes del PRI.
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CONTRA LOS PRIVILEGIOS
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
PRESENTES
En días pasados recibí de la Dirección General de Coordinación Administrativa de este Congreso, una información relativa al formato de “SOLICITUD DE SEGURO” DE GASTOS MÉDICOS de Grupo Nacional Provincial.
PRESENTES
En días pasados recibí de la Dirección General de Coordinación Administrativa de este Congreso, una información relativa al formato de “SOLICITUD DE SEGURO” DE GASTOS MÉDICOS de Grupo Nacional Provincial.
En atención a lo anterior, declino aceptar dicho seguro médico porque debemos conducirnos con apego a los principios de austeridad y racionalidad en el gasto público. Asimismo considero innecesario la contratación del seguro porque como empleados al servicio del estado, estamos afiliados al Instituto de Seguridad Social al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), que presta un buen servicio, posee excelentes médicos y enfermeras y equipamiento en muy buenas condiciones.
Es esta tendencia neoliberal de subrogar los servicios que debe prestar el Estado a sus trabajadores y servidores públicos, un contrasentido en este momento porque tenemos la seguridad social que brinda el ISSSTEP, por lo que debemos pensar muy bien si la propuesta de contratar un seguro médico privado cumple con los principios de austeridad y racionalidad del gasto público.
También cuestiono las condiciones en las cuales se efectuó el contrato con la compañía “Grupo Nacional Provincial”, ya que en ningún momento hemos sido informados del monto total a pagar, ninguna otra información hemos recibido por parte del personal administrativo ni del Comité de Administración para sustentar, motivar y justificar la contratación del seguro médico propuesto.
Las finanzas públicas y en específico las del Congreso del Estado, son constantemente criticadas por la sociedad debido al dispendio que se realiza, es por ello que solicito a mis compañeros y compañeras de esta Legislatura que voluntariamente declinen esta solicitud, para enviar un mensaje a la sociedad por la cual fuimos electos y a los que nos debemos en todo momento.
Con mis más distinguidas consideraciones
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza, 23 de julio de 2008
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POSICIONAMIENTO CONTRA LAS REFORMAS A SICOM
POSICIONAMIENTO SOBRE LA REFORMA AL DECRETO QUE CREA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
Las reformas al Decreto que crea el Sistema de Información y Comunicación al Estado de Puebla (SICOM) que propone el titular del Ejecutivo Local, le otorgarán mayores facultades de las que ya de por sí posee. Contraviene el permiso de operación, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, que solicité a las Presidencias de Comunicaciones y Transportes así como a la de Gobernación y Puntos Constitucionales, el cual no me fue expedido.
Las reformas al Decreto que crea el Sistema de Información y Comunicación al Estado de Puebla (SICOM) que propone el titular del Ejecutivo Local, le otorgarán mayores facultades de las que ya de por sí posee. Contraviene el permiso de operación, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal, que solicité a las Presidencias de Comunicaciones y Transportes así como a la de Gobernación y Puntos Constitucionales, el cual no me fue expedido.
¿O cual es la finalidad de incluir al gobernador en la Junta de Gobierno en el organismo, con carácter de Presidente Honorario y el Secretario de Gobernación como Presidente Ejecutivo?
Es preciso recordar que el objetivo principal para la creación del SICOM es de carácter educativo, con esta reforma lo que se pretende es crear un aparato de propaganda gubernamental, como textualmente lo establece el considerando del Decreto:
servirá parta difundir los Planes y Programas de Gobierno, permitiendo a sus beneficiarios conocer de susa bondades e ilustrándonos sobre la forma de accederá estos, además de hacer llegar a sus sectores más amplios de la sociedad las acciones gubernamentales
De aprobarse la reforma, es muy claro el papel que tendrá este organismo público, que opera con nuestros impuestos, en los tiempos electorales que se avecinan. Por todo lo anterior mi voto será en contra de tales propuestas.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza, 24 de julio de 3008
Diputado Pepe Momoxpan
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martes, 22 de julio de 2008
lunes, 21 de julio de 2008
OTRO CASO LAMENTABLE EN DERECHOS HUMANOS
POSICIONAMIENTO SOBRE LA CONVOCATORIA PARA ELEGIR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA
Para tener el cargo de Presidente, Visitador General o Visitadores Adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDH), la ley exige que sean personas de buena reputación y reconocido prestigio.
Por lo mismo se requiere que sean personas que mínimamente respeten la ley, y en particular el mandato de la ley de la CEDH.
La misma ley en su artículo 24 anota que las funciones del Presidente de la Comisión, de los Visitadores y del Secretario Técnico ejecutivo, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado, municipios y organismos públicos o privados y con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas no remunerativas.
Da la casualidad que el visitador general de la CEDH, el señor Julián Germán Molina Carrillo, durante los casi tres años que se ha desempeñado en el cargo, violentó y violenta la citada ley de la CEDH y de manera particular el artículo 24 porque:
No obstante que está prohibido el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado municipios, organismos públicos u organismos privados, el citado funcionario forma parte de la empresa privada de educación superior Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, como se puede constar en la información de la respectiva página en internet de la citada institución, como parte del consejo de directores. http://www.icipuebla.com/directivos.htm#Scene_1
Además, entre el año 2005 a 2007, con el número de expediente 31891 del sistema nacional de investigadores el señor Molina Carrillo, Julián Germán, suscribió contrato con dicho organismo federal además de cobrar la respectiva beca y aceptar que realizaba investigación y docencia por cuarenta horas a la semana. Esto se puede corroborar en la relación de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, que el propio sistema hace público, señalando que al señor Julián Germán Molina carrillo le correspondía hacer renovación de en el proceso del año 2007. http://www.conacyt.mx/sni/2007/avisorenovacion2007.pdf
Ante flagrante violación a la ley de la CEDH, solicito a se haga la investigación correspondiente a fin de sancionar conforme a la ley de responsabilidad de los servidores públicos al señor Julián Germán Molina Carrillo, y solicitar su inmediata separación del cargo de Visitador General.
Diputado Pepe Momoxpan
Para tener el cargo de Presidente, Visitador General o Visitadores Adjuntos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CEDH), la ley exige que sean personas de buena reputación y reconocido prestigio.
Por lo mismo se requiere que sean personas que mínimamente respeten la ley, y en particular el mandato de la ley de la CEDH.
La misma ley en su artículo 24 anota que las funciones del Presidente de la Comisión, de los Visitadores y del Secretario Técnico ejecutivo, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado, municipios y organismos públicos o privados y con el desempeño de su profesión, exceptuando las actividades académicas no remunerativas.
Da la casualidad que el visitador general de la CEDH, el señor Julián Germán Molina Carrillo, durante los casi tres años que se ha desempeñado en el cargo, violentó y violenta la citada ley de la CEDH y de manera particular el artículo 24 porque:
No obstante que está prohibido el desempeño de cualquier otro empleo, cargo o comisión de la federación, del estado municipios, organismos públicos u organismos privados, el citado funcionario forma parte de la empresa privada de educación superior Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, como se puede constar en la información de la respectiva página en internet de la citada institución, como parte del consejo de directores. http://www.icipuebla.com/directivos.htm#Scene_1
Además, entre el año 2005 a 2007, con el número de expediente 31891 del sistema nacional de investigadores el señor Molina Carrillo, Julián Germán, suscribió contrato con dicho organismo federal además de cobrar la respectiva beca y aceptar que realizaba investigación y docencia por cuarenta horas a la semana. Esto se puede corroborar en la relación de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, que el propio sistema hace público, señalando que al señor Julián Germán Molina carrillo le correspondía hacer renovación de en el proceso del año 2007. http://www.conacyt.mx/sni/2007/avisorenovacion2007.pdf
Ante flagrante violación a la ley de la CEDH, solicito a se haga la investigación correspondiente a fin de sancionar conforme a la ley de responsabilidad de los servidores públicos al señor Julián Germán Molina Carrillo, y solicitar su inmediata separación del cargo de Visitador General.
Diputado Pepe Momoxpan
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miércoles, 16 de julio de 2008
REFORMA.COM
Piden revocar mandato del llamado 'narco alcalde' de Izúcar de Matamoros
Por Francisco Rivas/Corresponsal
Puebla, México (16 de julio de 2008).- El diputado local del PT José Pérez Vega, alias "Pepe Momoxpan", justificó con un documento su solicitud de revocar el mandato al llamado "narco alcalde", Rubén Gil Campos, quien se encuentra preso en Estados Unidos.
En conferencia de prensa presentó un documento emitido por la Corte con sede en Nueva York, en donde se comprueba que persiguen al Edil con licencia de Izúcar de Matamoros por el delito de conspiración para tráfico de drogas.
El legislador dijo que de esa manera hay una prueba para borrar cualquier posibilidad de que Gil vuelva a su cargo."
Presento a la opinión pública un documento original en idioma inglés expedido por las autoridades de Estados Unidos de América, que señala claramente los cargos y el proceso judicial al que es actualmente sometido Rubén Gil Campos.
"Es clara entonces la violación al artículo 56, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal", refirió el legislador del PT.
No obstante, el diputado del PRI y presidente de la comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, Pablo Fernández, dijo que no podrían aceptar como prueba un documento que no haya sido obtenido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Sin embargo, agregó, esperará a conocer el texto de "Pepe Momoxpan" para definir el caso de Gil Campos.
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DOCUMENTOS SOBRE EL CASO RUBÉN GIL
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza, a 16 de julio de 2008
BOLETIN INFORMATIVO
Desde el jueves tres de abril del año en curso solicite verbalmente, en la tribuna de este H. Congreso del Estado, la creación de una Comisión Especial Investigadora de las actividades del Presidente Municipal de Izucar de Matamoros José Rubén Gil Campos. El 9 de abril presenté en Sesión Ordinaria, un punto de acuerdo para la creación de dicha Comisión. El 11 de abril dirigí un oficio al Presidente de la Gran Comisión, en el que cito textualmente parte del mismo:
Consideramos que representa un grave riesgo para la población de Izucar de Matamoros, el hecho que desde la cárcel el Presidente Municipal Rubén Gil Campos, pretenda gobernar el municipio, ya que no ha sido destituido, ni se ha indicado ninguna investigación o procedimiento en México. Es un suceso por demás grave, que un Presidente Municipal en funciones, tenga un proceso judicial abierto en los Estados Unidos de Norteamérica y esta Soberanía no posea información al respecto.
El 12 de mayo presenté un posicionamiento sobre el atentado contra el Diputado Local suplente Rodrigo López Benavides, debido a la gravedad del hecho, nuevamente solicité la creación de la Comisión Especial. De todas las peticiones y escritos anteriores, no obtuve una respuesta favorable.
Cada semana encontramos en los medios de circulación local, notas relacionadas con el tema de la detención del Presidente Municipal con licencia, José Rubén Gil Campos, y las repercusiones de este suceso en Izúcar de Matamoros. Su presunta participación en actividades ilícitas, es un tema aun vigente ya que no se han aclarado las condiciones en las que el edil fue detenido en los Estados Unidos.
Por todo lo anterior, con recursos propios y de manera individual como Legislador, con la capacidad de gestión y de autogestión que poseo me propuse la tarea de indagar más acerca de la detención del edil y presento ante la opinión pública un documento original en idioma inglés y su traducción al castellano, el primero de estos expedido por las autoridades de los Estados Unidos de América, que señala claramente los cargos y el proceso judicial al que es actualmente sometido José Rubén Gil Campos. Es clara entonces, la violación al artículo 56, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal:
Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos en los cargos para los cuales fueron electos o designados, o revocado el mandato que se les haya asignado, en los siguientes casos: II.- Por existir en su contra proceso por delito intencional calificado como grave. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria.
Con voluntad política y el respeto a las leyes, se puede avanzar. Si la opacidad y complicidad, que ha caracterizado a este gobierno estatal y a la LVII Legislatura se imponen sobre la ley, tenemos un retroceso de varias décadas.
Diputado Pepe Momoxpan
BOLETIN INFORMATIVO
Desde el jueves tres de abril del año en curso solicite verbalmente, en la tribuna de este H. Congreso del Estado, la creación de una Comisión Especial Investigadora de las actividades del Presidente Municipal de Izucar de Matamoros José Rubén Gil Campos. El 9 de abril presenté en Sesión Ordinaria, un punto de acuerdo para la creación de dicha Comisión. El 11 de abril dirigí un oficio al Presidente de la Gran Comisión, en el que cito textualmente parte del mismo:
Consideramos que representa un grave riesgo para la población de Izucar de Matamoros, el hecho que desde la cárcel el Presidente Municipal Rubén Gil Campos, pretenda gobernar el municipio, ya que no ha sido destituido, ni se ha indicado ninguna investigación o procedimiento en México. Es un suceso por demás grave, que un Presidente Municipal en funciones, tenga un proceso judicial abierto en los Estados Unidos de Norteamérica y esta Soberanía no posea información al respecto.
El 12 de mayo presenté un posicionamiento sobre el atentado contra el Diputado Local suplente Rodrigo López Benavides, debido a la gravedad del hecho, nuevamente solicité la creación de la Comisión Especial. De todas las peticiones y escritos anteriores, no obtuve una respuesta favorable.
Cada semana encontramos en los medios de circulación local, notas relacionadas con el tema de la detención del Presidente Municipal con licencia, José Rubén Gil Campos, y las repercusiones de este suceso en Izúcar de Matamoros. Su presunta participación en actividades ilícitas, es un tema aun vigente ya que no se han aclarado las condiciones en las que el edil fue detenido en los Estados Unidos.
Por todo lo anterior, con recursos propios y de manera individual como Legislador, con la capacidad de gestión y de autogestión que poseo me propuse la tarea de indagar más acerca de la detención del edil y presento ante la opinión pública un documento original en idioma inglés y su traducción al castellano, el primero de estos expedido por las autoridades de los Estados Unidos de América, que señala claramente los cargos y el proceso judicial al que es actualmente sometido José Rubén Gil Campos. Es clara entonces, la violación al artículo 56, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal:
Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos en los cargos para los cuales fueron electos o designados, o revocado el mandato que se les haya asignado, en los siguientes casos: II.- Por existir en su contra proceso por delito intencional calificado como grave. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria.
Con voluntad política y el respeto a las leyes, se puede avanzar. Si la opacidad y complicidad, que ha caracterizado a este gobierno estatal y a la LVII Legislatura se imponen sobre la ley, tenemos un retroceso de varias décadas.
Diputado Pepe Momoxpan
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viernes, 11 de julio de 2008
jueves, 10 de julio de 2008
PUNTO DE ACUERDO
Compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña.
Solicito se envíe un exhorto a los Presidentes Municipales de Palmar de Bravo, Facundo Tomás Casimiro Abundio; de Santiago Miahuatlan, Honorio Silvestre Antonio Ovando; de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza y del Municipio de Nicolás Bravo, José Muñoz Romero; por la violación de los artículos 51, 52 último párrafo, 70, 75, 76, 77, 92 Fracción II, VI, VII, VIII y IX, y 93 de la Ley Orgánica Municipal.
Que en las visitas a diversos municipios de la entidad, ciudadanos y regidores de los Ayuntamientos de Palmar de Bravo, Santiago Miahuatlan, San Sebastián Tlacotepec (de Porfirio Díaz) y Nicolás Bravo, me manifiestan su inconformidad sobre cómo se conducen los Presidentes Municipales de sus respectivas localidades. Entre las principales quejas que me expresaron se encuentran: sesiones de Cabildo “secretas”, “a puerta cerrada” y en lo “oscurito”; presión, coacción y amenazas para la firma de actas de sesiones de Cabildo sin que se hayan llevado a cabo con las formalidades establecidas en la Ley, exclusión de las sesiones de Cabildo, descuentos y disminuciones en los salarios, amenazas a regidores de oposición, negativa a entregar información pública sobre el origen y aplicación de recursos en el municipio, discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, nula transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía y al propio Cabildo. En vista de lo anterior, no quisiera imaginarme el escenario de complicidad entre estas autoridades municipales y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante funcionarios corruptos que “tapen” las irregularidades que aquí denuncio.
Los Presidentes Municipales de estas localidades amparados bajo el malentendido principio de municipio libre, ejercen el gobierno de forma autoritaria, cual reyezuelos absolutistas, muestran un desprecio y desconocimiento absoluto de las Leyes, gobiernan con un Cabildo “a modo”, mostrando su intolerancia y discriminación toman represalias contra los regidores que no secundan sus ideas equivocadas de la conducción administrativa del Ayuntamiento, disminuyen arbitrariamente las retribuciones, dietas o “sueldos”, imponen descuentos ilegales y excluyen a los regidores de oposición. En general, la actitud de los Presidentes Municipales ante los regidores de otros partidos ajenos al suyo, en los municipios mencionados, es de revanchismo, miopía y pequeñez política, sin dejar de reiterar que violan los derechos humanos y diversas disposiciones legales.
El Presidente de Palmar de Bravo, Facundo Tomás Casimiro Abundio, “gobierna” el municipio con criterios de administración de empresas, pretende asignar salarios por principios de “productividad”, se niega a mostrar la nómina del ayuntamiento olvidando que es un documento público. Los vicios y malas prácticas políticas de las que se quejan los dirigentes del Partido Acción Nacional hacia autoridades estatales, se reproducen en esta localidad ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Puebla.
Caso distinguido por lo aberrante es el Presidente de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, quien suspendió ilegalmente de su cargo por seis meses al regidor Guillermo Berlin Rivera, reprimiéndolo por mi intervención en una rueda de prensa ofrecida en Tehuacan, en la que denuncié a la opinión pública sus actos autoritarios e ilegales.
Les recordamos a las autoridades municipales mencionadas, que sus actos tienen consecuencias políticas y legales, no son dueños de su territorio, ni de sus habitantes, ni de los empleados del Ayuntamiento, ni del Cabildo. No son señores feudales sino servidores públicos con un mandato que les otorgaron los ciudadanos.
Por todas las razones, que les he comentado exhorto a los Presidentes Municipales de las localidades referidas a que se conduzcan con apego a las leyes.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 10 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
(Pepe Momoxpan)
Solicito se envíe un exhorto a los Presidentes Municipales de Palmar de Bravo, Facundo Tomás Casimiro Abundio; de Santiago Miahuatlan, Honorio Silvestre Antonio Ovando; de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza y del Municipio de Nicolás Bravo, José Muñoz Romero; por la violación de los artículos 51, 52 último párrafo, 70, 75, 76, 77, 92 Fracción II, VI, VII, VIII y IX, y 93 de la Ley Orgánica Municipal.
Que en las visitas a diversos municipios de la entidad, ciudadanos y regidores de los Ayuntamientos de Palmar de Bravo, Santiago Miahuatlan, San Sebastián Tlacotepec (de Porfirio Díaz) y Nicolás Bravo, me manifiestan su inconformidad sobre cómo se conducen los Presidentes Municipales de sus respectivas localidades. Entre las principales quejas que me expresaron se encuentran: sesiones de Cabildo “secretas”, “a puerta cerrada” y en lo “oscurito”; presión, coacción y amenazas para la firma de actas de sesiones de Cabildo sin que se hayan llevado a cabo con las formalidades establecidas en la Ley, exclusión de las sesiones de Cabildo, descuentos y disminuciones en los salarios, amenazas a regidores de oposición, negativa a entregar información pública sobre el origen y aplicación de recursos en el municipio, discrecionalidad en el ejercicio del gasto público, nula transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía y al propio Cabildo. En vista de lo anterior, no quisiera imaginarme el escenario de complicidad entre estas autoridades municipales y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante funcionarios corruptos que “tapen” las irregularidades que aquí denuncio.
Los Presidentes Municipales de estas localidades amparados bajo el malentendido principio de municipio libre, ejercen el gobierno de forma autoritaria, cual reyezuelos absolutistas, muestran un desprecio y desconocimiento absoluto de las Leyes, gobiernan con un Cabildo “a modo”, mostrando su intolerancia y discriminación toman represalias contra los regidores que no secundan sus ideas equivocadas de la conducción administrativa del Ayuntamiento, disminuyen arbitrariamente las retribuciones, dietas o “sueldos”, imponen descuentos ilegales y excluyen a los regidores de oposición. En general, la actitud de los Presidentes Municipales ante los regidores de otros partidos ajenos al suyo, en los municipios mencionados, es de revanchismo, miopía y pequeñez política, sin dejar de reiterar que violan los derechos humanos y diversas disposiciones legales.
El Presidente de Palmar de Bravo, Facundo Tomás Casimiro Abundio, “gobierna” el municipio con criterios de administración de empresas, pretende asignar salarios por principios de “productividad”, se niega a mostrar la nómina del ayuntamiento olvidando que es un documento público. Los vicios y malas prácticas políticas de las que se quejan los dirigentes del Partido Acción Nacional hacia autoridades estatales, se reproducen en esta localidad ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Puebla.
Caso distinguido por lo aberrante es el Presidente de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, quien suspendió ilegalmente de su cargo por seis meses al regidor Guillermo Berlin Rivera, reprimiéndolo por mi intervención en una rueda de prensa ofrecida en Tehuacan, en la que denuncié a la opinión pública sus actos autoritarios e ilegales.
Les recordamos a las autoridades municipales mencionadas, que sus actos tienen consecuencias políticas y legales, no son dueños de su territorio, ni de sus habitantes, ni de los empleados del Ayuntamiento, ni del Cabildo. No son señores feudales sino servidores públicos con un mandato que les otorgaron los ciudadanos.
Por todas las razones, que les he comentado exhorto a los Presidentes Municipales de las localidades referidas a que se conduzcan con apego a las leyes.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 10 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
(Pepe Momoxpan)
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martes, 8 de julio de 2008
viernes, 4 de julio de 2008
INTERVENCIÓN EN TRIBUNA
Compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña.
El Punto de Acuerdo que presento para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario P. Marín Torres a informar al Congreso, sobre la concesión al grupo español OHL, para que construya el arco norte del periférico, ya que se otorgó sin licitación pública.
Esto resulta de los indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que se vulneran principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hay en esta “negociación” del Gobernador Marín, cumplimiento de principios de eficacia, imparcialidad, eficiencia ni honradez; no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
La visita que hizo el titular del Ejecutivo Local Mario P. Marín Torres, al reino fascista español herencia del franquismo, no resultó tan benéfica para la economía del Estado, nos tratan como súbditos y no como naciones hermanas. El colonialismo político de finales del siglo XX se ha transformado en colonialismo económico hacia el continente y el país. Los empresarios de aquella nación presionan a la Corona y a su gobierno, estos a su vez lo hacen con las autoridades mexicanas para que faciliten este tipo de “negocios” en México. Dos ejemplos claros: el tren suburbano del norte de la zona metropolitana de México y ahora la concesión de esta carretera en Puebla. Ambos negocios por la misma empresa: OHL.
Según reportes de prensa, desde el pasado 24 de marzo del año en curso el consorcio OHL hizo pública la obtención de una concesión para la construcción del arco norte del periférico de Puebla, antes que el Gobierno del Estado de Puebla nos comunicara con “bombo y platillo” que habían hecho la “negociación” del siglo, al conseguir para nuestro Estado la realización de una magna obra, con una inversión de la empresa europea por 120 millones de euros y una duración de la concesión de 30 años, que reportará jugosas ganancias al consorcio español.
Se debe investigar y cuestionar al Ejecutivo del Estado y a los Secretarios de Estado involucrados en las negociaciones, puesto que no se trata de un tema menor, necesitamos saber por lo menos, lo siguiente:
1. ¿Cuáles fueron los fundamentos legales para no realizar una licitación pública?
2. ¿Cuáles fueron los términos en los que el Gobernador negoció la concesión, quienes intervinieron, donde está el contrato?
3. ¿Bajo qué condiciones el consorcio español aceptó realizar una obra de la que no se han adquirido los terrenos en donde se pretende construir?
4. ¿Cuáles son los sustentos documentales que garantizan que el consorcio español tiene la capacidad financiera, material, técnica, humana y legal para trabajar en el país y en el Estado de Puebla, para cumplir con las leyes en la realización de obras públicas?
5. ¿Qué garantías ofrece la empresa española para terminar la obra en los plazos y condiciones que establecen las leyes, se compromete a someterse a la jurisdicción de los tribunales locales?
6. ¿Cómo se ha cumplido la normatividad en el ámbito federal en materias como impacto ambiental, comunicaciones y transportes?
7. ¿Cómo se determinará el monto de las cuotas o peajes que los usuarios deberán pagar para utilizar la magna vía, para que no se vuelva un elefante blanco o peor aún tenga que rescatarla el Estado, como usualmente lo han hecho los gobiernos neoliberales?
8. ¿Cómo obligarán a vender a los particulares sus bienes, puesto que no quieren utilizar el esquema de la expropiación, utilizarán las estrategias del difunto Plan Puebla-Panama?
Preguntaría también si con estas acciones contra la economía de los poblanos, ciertos personajes le seguirían confiando las llaves de su casa al Gobernador, para que asigne obras a empresas extranjeras, no asigne obras públicas en forma transparente, ni genere condiciones para que los constructores locales demuestren que también podrían entrarle a estas obras, más parece malinchista que juarista.
Que, lo anteriormente expuesto refleja una falta de transparencia y presumiblemente actos de corrupción, violación a las leyes y total adecuación a los dictados neoliberales que han dejado funcionarios ricos y obras caras.
Se debe incluso investigar y pedir los informes conducentes para en su caso, fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la negociación, si resultan acreditadas las violaciones que denuncio. De acuerdo a lo anterior, se estaría violando el artículo 108 de la Constitución Local y otras disposiciones legales.
Lo antes citado es claro, aquí estamos hablando de violaciones a principios constitucionales. Nuestros electores nos eligieron para vigilar estos actos, para investigarlos, sancionarlos y meter en su lugar a los corruptos e ineficaces.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 03 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
El Punto de Acuerdo que presento para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario P. Marín Torres a informar al Congreso, sobre la concesión al grupo español OHL, para que construya el arco norte del periférico, ya que se otorgó sin licitación pública.
Esto resulta de los indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que se vulneran principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hay en esta “negociación” del Gobernador Marín, cumplimiento de principios de eficacia, imparcialidad, eficiencia ni honradez; no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
La visita que hizo el titular del Ejecutivo Local Mario P. Marín Torres, al reino fascista español herencia del franquismo, no resultó tan benéfica para la economía del Estado, nos tratan como súbditos y no como naciones hermanas. El colonialismo político de finales del siglo XX se ha transformado en colonialismo económico hacia el continente y el país. Los empresarios de aquella nación presionan a la Corona y a su gobierno, estos a su vez lo hacen con las autoridades mexicanas para que faciliten este tipo de “negocios” en México. Dos ejemplos claros: el tren suburbano del norte de la zona metropolitana de México y ahora la concesión de esta carretera en Puebla. Ambos negocios por la misma empresa: OHL.
Según reportes de prensa, desde el pasado 24 de marzo del año en curso el consorcio OHL hizo pública la obtención de una concesión para la construcción del arco norte del periférico de Puebla, antes que el Gobierno del Estado de Puebla nos comunicara con “bombo y platillo” que habían hecho la “negociación” del siglo, al conseguir para nuestro Estado la realización de una magna obra, con una inversión de la empresa europea por 120 millones de euros y una duración de la concesión de 30 años, que reportará jugosas ganancias al consorcio español.
Se debe investigar y cuestionar al Ejecutivo del Estado y a los Secretarios de Estado involucrados en las negociaciones, puesto que no se trata de un tema menor, necesitamos saber por lo menos, lo siguiente:
1. ¿Cuáles fueron los fundamentos legales para no realizar una licitación pública?
2. ¿Cuáles fueron los términos en los que el Gobernador negoció la concesión, quienes intervinieron, donde está el contrato?
3. ¿Bajo qué condiciones el consorcio español aceptó realizar una obra de la que no se han adquirido los terrenos en donde se pretende construir?
4. ¿Cuáles son los sustentos documentales que garantizan que el consorcio español tiene la capacidad financiera, material, técnica, humana y legal para trabajar en el país y en el Estado de Puebla, para cumplir con las leyes en la realización de obras públicas?
5. ¿Qué garantías ofrece la empresa española para terminar la obra en los plazos y condiciones que establecen las leyes, se compromete a someterse a la jurisdicción de los tribunales locales?
6. ¿Cómo se ha cumplido la normatividad en el ámbito federal en materias como impacto ambiental, comunicaciones y transportes?
7. ¿Cómo se determinará el monto de las cuotas o peajes que los usuarios deberán pagar para utilizar la magna vía, para que no se vuelva un elefante blanco o peor aún tenga que rescatarla el Estado, como usualmente lo han hecho los gobiernos neoliberales?
8. ¿Cómo obligarán a vender a los particulares sus bienes, puesto que no quieren utilizar el esquema de la expropiación, utilizarán las estrategias del difunto Plan Puebla-Panama?
Preguntaría también si con estas acciones contra la economía de los poblanos, ciertos personajes le seguirían confiando las llaves de su casa al Gobernador, para que asigne obras a empresas extranjeras, no asigne obras públicas en forma transparente, ni genere condiciones para que los constructores locales demuestren que también podrían entrarle a estas obras, más parece malinchista que juarista.
Que, lo anteriormente expuesto refleja una falta de transparencia y presumiblemente actos de corrupción, violación a las leyes y total adecuación a los dictados neoliberales que han dejado funcionarios ricos y obras caras.
Se debe incluso investigar y pedir los informes conducentes para en su caso, fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la negociación, si resultan acreditadas las violaciones que denuncio. De acuerdo a lo anterior, se estaría violando el artículo 108 de la Constitución Local y otras disposiciones legales.
Lo antes citado es claro, aquí estamos hablando de violaciones a principios constitucionales. Nuestros electores nos eligieron para vigilar estos actos, para investigarlos, sancionarlos y meter en su lugar a los corruptos e ineficaces.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 03 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
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PUNTO DE ACUERDO
Presidente de la Mesa Directiva
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presente
El que suscribe, Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y XI, 46 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
Punto de Acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario Marín Torres a informar a esta Soberanía, sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico, debido a que se otorgó sin licitación pública. Lo anterior porque encuentran indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que presumiblemente se vulneraron los principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hubo en esta “negociación”, eficacia, imparcialidad, eficiencia, ni honradez, no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
Antecedente
Que, lo anteriormente expuesto refleja una falta de transparencia y presumiblemente actos de corrupción, violación a las leyes y total adecuación a los dictados neoliberales que han dejado funcionarios ricos y obras caras. Se debe incluso investigar y pedir los informes conducentes para, si es el caso, fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la negociación.
Para fundamentar esto citamos textualmente lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla:
“Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones solventes en pliego o sobre cerrado, que será abierto públicamente, con el fin de procurar imparcialidad a los licitantes y asegurar al Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Las leyes limitarán los supuestos de excepción a las licitaciones públicas, establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos idóneos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los Municipios, y determinarán la responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto de adjudicación y contratación.“
Considerando
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario Marín Torres a informar a esta Soberanía, sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico, debido a que se otorgó sin licitación pública. Lo anterior porque encuentran indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que presumiblemente se vulneraron los principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hubo en esta “negociación”, eficacia, imparcialidad, eficiencia, ni honradez, no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
Primero.- Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Local a informar a este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla sobre todo lo conducente de esta concesión.
Segundo.- Ponemos a consideración de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el presente Punto de Acuerdo en los términos anteriormente descritos.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 02 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Presente
El que suscribe, Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y XI, 46 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
Punto de Acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario Marín Torres a informar a esta Soberanía, sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico, debido a que se otorgó sin licitación pública. Lo anterior porque encuentran indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que presumiblemente se vulneraron los principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hubo en esta “negociación”, eficacia, imparcialidad, eficiencia, ni honradez, no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
Antecedente
Que, lo anteriormente expuesto refleja una falta de transparencia y presumiblemente actos de corrupción, violación a las leyes y total adecuación a los dictados neoliberales que han dejado funcionarios ricos y obras caras. Se debe incluso investigar y pedir los informes conducentes para, si es el caso, fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la negociación.
Para fundamentar esto citamos textualmente lo que establece el artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla:
“Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los Municipios y sus entidades, así como los organismos autónomos, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a que estén destinados.
Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo, por regla general, a través de licitaciones públicas mediante convocatoria abierta, para que libremente se presenten proposiciones solventes en pliego o sobre cerrado, que será abierto públicamente, con el fin de procurar imparcialidad a los licitantes y asegurar al Estado y a los Municipios las mejores condiciones disponibles en cuanto a oferta, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.
Las leyes limitarán los supuestos de excepción a las licitaciones públicas, establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos idóneos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y los Municipios, y determinarán la responsabilidad de los servidores públicos que intervengan en cualquier acto de adjudicación y contratación.“
Considerando
En mérito de lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario Marín Torres a informar a esta Soberanía, sobre la concesión al grupo español OHL para que construya el arco norte del periférico, debido a que se otorgó sin licitación pública. Lo anterior porque encuentran indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que presumiblemente se vulneraron los principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hubo en esta “negociación”, eficacia, imparcialidad, eficiencia, ni honradez, no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.
Primero.- Exhortamos al titular del Poder Ejecutivo Local a informar a este H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla sobre todo lo conducente de esta concesión.
Segundo.- Ponemos a consideración de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el presente Punto de Acuerdo en los términos anteriormente descritos.
Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 02 de julio de 2008
Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega
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jueves, 3 de julio de 2008
martes, 1 de julio de 2008
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
2008-07-01 Com.0140
Puebla, Pue.
Con la asistencia de más de 50 personas se realizó la Mesa de Análisis sobre Derechos Humanos en el ámbito municipal
• Participaron representantes de organismos no gubernamentales, académicos y funcionarios estatales.
Con la asistencia de más de 50 personas y en la recepción de 12 ponencias, se llevó a cabo en el Congreso del Estado la Mesa de Análisis de Especialistas en Derechos Humanos en el ámbito Municipal y en el Orden Jurídico Municipal, con el objeto de enriquecer la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal.
Durante la inauguración, el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, José Othón Bailleres Carriles manifestó que los Derechos Humanos son universales y todos nacemos con ellos, por eso es importante tenerlos en cuenta y entrelazarlos en los Bandos de Policía y Gobierno de los municipios. Esta mesa dijo, dará un impulso a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal, situación que ocupará a la Legislatura y con ello se dará cumplimiento al compromiso asumido en la Agenda Legislativa, pero agregó que el gran reto será darle difusión, y esto será posible si existe espíritu para lograrlo.
Al hacer uso de la palabra, la Diputada Carolina O’Farrill Tapia manifestó que esta iniciativa es especial porque está conformada por la sociedad civil abonada por la académica a través de la Universidad Iberoamericana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado que arropó la propuesta durante dos años y la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Desarrollo Municipal; este proyecto dijo, contribuye al trabajo de la LVII Legislatura, además de agregar la actualización de los Bandos de Policía y Gobierno y su publicación, de ahí la importancia de convocar a esta mesa de análisis para enriquecerla con la participación de los ponentes.
Además la Diputada manifestó que después de incorporar las propuestas recibidas, será presentada ante el Pleno del Congreso para su consideración y en su caso aprobación, lo que permitirá llevar a cabo 25 foros municipales para difundir la iniciativa y dar a conocer los derechos humanos.
Por su parte, Héctor Reyes Pacheco, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, indicó que el estudio realizado refleja que el mayor número de quejas que se reciben provienen de los ayuntamientos porque no existe pleno conocimiento de los Bandos de Policía o conciencia plena de la función pública, por ello la Comisión se sumó a los trabajos de la Universidad Iberoamericana y a la Comisión Parroquial “Martín de Tours” A.C. Precisó que los temas de la Mesa de Análisis son de amplio conocimiento y experiencia por lo que debe aprovechase y tomar lo mejor.
En su intervención, el Coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, Adalberto Barrales Arias mencionó que los diputados admitieron la participación de la sociedad poblana para contribuir a la reconstrucción del tejido social desde los valores de la reflexión, la transparencia, la justicia y la responsabilidad. Agregó que esta propuesta fortalece la idea de que la universidad es el punto de avance de la sociedad organizada que buscará impactar en un mejor ejercicio gubernamental en el orden municipal.
En dicho foro organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado que preside la Diputada Carolina O’Farrill Tapia, se desarrollaron dos mesas de análisis en los temas: “Los Derechos Humanos en el Ámbito Municipal” que tuvo como moderadora a Ingrid Van Beuren, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; y en la mesa 2 “Derechos Humanos en el Orden Jurídico Municipal” con Héctor Reyes Pacheco, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, como moderador.
En estas mesas participaron representantes de Organismos no Gubernamentales y sociedad en general, así como de las distintas dependencias estatales como Rogelio Chávez Moreno representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Ana María Ramírez, Guillermo Pérez Briones, Director de la Comisión Parroquial “Martín de Tours”, A.C.; Sergio Segreste, Martín Barrios, Celso Fuentes, Adalberto Barrales Arias, Coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad; Miguel Cruz, Javier Ramírez Chantrés, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, José Zamora y Cesar Musalem Jop, Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal.
Cabe mencionar que la inauguración del acto estuvo a cargo de la Diputada secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Angélica Hernández Hernández, asimismo asistieron a esta mesa los Diputados José Manuel Benigno Pérez Vega, Manuel Fernández García y Manuel Janeiro Fernández.
Puebla, Pue.
Con la asistencia de más de 50 personas se realizó la Mesa de Análisis sobre Derechos Humanos en el ámbito municipal
• Participaron representantes de organismos no gubernamentales, académicos y funcionarios estatales.
Con la asistencia de más de 50 personas y en la recepción de 12 ponencias, se llevó a cabo en el Congreso del Estado la Mesa de Análisis de Especialistas en Derechos Humanos en el ámbito Municipal y en el Orden Jurídico Municipal, con el objeto de enriquecer la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal.
Durante la inauguración, el Presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado, José Othón Bailleres Carriles manifestó que los Derechos Humanos son universales y todos nacemos con ellos, por eso es importante tenerlos en cuenta y entrelazarlos en los Bandos de Policía y Gobierno de los municipios. Esta mesa dijo, dará un impulso a la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Municipal, situación que ocupará a la Legislatura y con ello se dará cumplimiento al compromiso asumido en la Agenda Legislativa, pero agregó que el gran reto será darle difusión, y esto será posible si existe espíritu para lograrlo.
Al hacer uso de la palabra, la Diputada Carolina O’Farrill Tapia manifestó que esta iniciativa es especial porque está conformada por la sociedad civil abonada por la académica a través de la Universidad Iberoamericana, la Comisión de Derechos Humanos del Estado que arropó la propuesta durante dos años y la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Desarrollo Municipal; este proyecto dijo, contribuye al trabajo de la LVII Legislatura, además de agregar la actualización de los Bandos de Policía y Gobierno y su publicación, de ahí la importancia de convocar a esta mesa de análisis para enriquecerla con la participación de los ponentes.
Además la Diputada manifestó que después de incorporar las propuestas recibidas, será presentada ante el Pleno del Congreso para su consideración y en su caso aprobación, lo que permitirá llevar a cabo 25 foros municipales para difundir la iniciativa y dar a conocer los derechos humanos.
Por su parte, Héctor Reyes Pacheco, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, indicó que el estudio realizado refleja que el mayor número de quejas que se reciben provienen de los ayuntamientos porque no existe pleno conocimiento de los Bandos de Policía o conciencia plena de la función pública, por ello la Comisión se sumó a los trabajos de la Universidad Iberoamericana y a la Comisión Parroquial “Martín de Tours” A.C. Precisó que los temas de la Mesa de Análisis son de amplio conocimiento y experiencia por lo que debe aprovechase y tomar lo mejor.
En su intervención, el Coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla, Adalberto Barrales Arias mencionó que los diputados admitieron la participación de la sociedad poblana para contribuir a la reconstrucción del tejido social desde los valores de la reflexión, la transparencia, la justicia y la responsabilidad. Agregó que esta propuesta fortalece la idea de que la universidad es el punto de avance de la sociedad organizada que buscará impactar en un mejor ejercicio gubernamental en el orden municipal.
En dicho foro organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado que preside la Diputada Carolina O’Farrill Tapia, se desarrollaron dos mesas de análisis en los temas: “Los Derechos Humanos en el Ámbito Municipal” que tuvo como moderadora a Ingrid Van Beuren, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana; y en la mesa 2 “Derechos Humanos en el Orden Jurídico Municipal” con Héctor Reyes Pacheco, Secretario Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, como moderador.
En estas mesas participaron representantes de Organismos no Gubernamentales y sociedad en general, así como de las distintas dependencias estatales como Rogelio Chávez Moreno representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Ana María Ramírez, Guillermo Pérez Briones, Director de la Comisión Parroquial “Martín de Tours”, A.C.; Sergio Segreste, Martín Barrios, Celso Fuentes, Adalberto Barrales Arias, Coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad; Miguel Cruz, Javier Ramírez Chantrés, Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, José Zamora y Cesar Musalem Jop, Director del Centro Estatal de Desarrollo Municipal.
Cabe mencionar que la inauguración del acto estuvo a cargo de la Diputada secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Angélica Hernández Hernández, asimismo asistieron a esta mesa los Diputados José Manuel Benigno Pérez Vega, Manuel Fernández García y Manuel Janeiro Fernández.
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