INTERVENCIÓN EN TRIBUNA

Compañeros diputados y diputadas, representantes de los medios de comunicación, público que nos acompaña.


El Punto de Acuerdo que presento para que se exhorte al titular del Poder Ejecutivo del Estado, Mario P. Marín Torres a informar al Congreso, sobre la concesión al grupo español OHL, para que construya el arco norte del periférico, ya que se otorgó sin licitación pública.

Esto resulta de los indicios de la violación al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ya que se vulneran principios constitucionales para el manejo de los recursos públicos, no hay en esta “negociación” del Gobernador Marín, cumplimiento de principios de eficacia, imparcialidad, eficiencia ni honradez; no se licitó la obra, tampoco están sustentados los motivos de excepción que obligaron al titular del Ejecutivo del Estado a ignorar la Constitución Local y las leyes aplicables.

La visita que hizo el titular del Ejecutivo Local Mario P. Marín Torres, al reino fascista español herencia del franquismo, no resultó tan benéfica para la economía del Estado, nos tratan como súbditos y no como naciones hermanas. El colonialismo político de finales del siglo XX se ha transformado en colonialismo económico hacia el continente y el país. Los empresarios de aquella nación presionan a la Corona y a su gobierno, estos a su vez lo hacen con las autoridades mexicanas para que faciliten este tipo de “negocios” en México. Dos ejemplos claros: el tren suburbano del norte de la zona metropolitana de México y ahora la concesión de esta carretera en Puebla. Ambos negocios por la misma empresa: OHL.

Según reportes de prensa, desde el pasado 24 de marzo del año en curso el consorcio OHL hizo pública la obtención de una concesión para la construcción del arco norte del periférico de Puebla, antes que el Gobierno del Estado de Puebla nos comunicara con “bombo y platillo” que habían hecho la “negociación” del siglo, al conseguir para nuestro Estado la realización de una magna obra, con una inversión de la empresa europea por 120 millones de euros y una duración de la concesión de 30 años, que reportará jugosas ganancias al consorcio español.

Se debe investigar y cuestionar al Ejecutivo del Estado y a los Secretarios de Estado involucrados en las negociaciones, puesto que no se trata de un tema menor, necesitamos saber por lo menos, lo siguiente:

1. ¿Cuáles fueron los fundamentos legales para no realizar una licitación pública?
2. ¿Cuáles fueron los términos en los que el Gobernador negoció la concesión, quienes intervinieron, donde está el contrato?
3. ¿Bajo qué condiciones el consorcio español aceptó realizar una obra de la que no se han adquirido los terrenos en donde se pretende construir?
4. ¿Cuáles son los sustentos documentales que garantizan que el consorcio español tiene la capacidad financiera, material, técnica, humana y legal para trabajar en el país y en el Estado de Puebla, para cumplir con las leyes en la realización de obras públicas?
5. ¿Qué garantías ofrece la empresa española para terminar la obra en los plazos y condiciones que establecen las leyes, se compromete a someterse a la jurisdicción de los tribunales locales?
6. ¿Cómo se ha cumplido la normatividad en el ámbito federal en materias como impacto ambiental, comunicaciones y transportes?
7. ¿Cómo se determinará el monto de las cuotas o peajes que los usuarios deberán pagar para utilizar la magna vía, para que no se vuelva un elefante blanco o peor aún tenga que rescatarla el Estado, como usualmente lo han hecho los gobiernos neoliberales?
8. ¿Cómo obligarán a vender a los particulares sus bienes, puesto que no quieren utilizar el esquema de la expropiación, utilizarán las estrategias del difunto Plan Puebla-Panama?

Preguntaría también si con estas acciones contra la economía de los poblanos, ciertos personajes le seguirían confiando las llaves de su casa al Gobernador, para que asigne obras a empresas extranjeras, no asigne obras públicas en forma transparente, ni genere condiciones para que los constructores locales demuestren que también podrían entrarle a estas obras, más parece malinchista que juarista.

Que, lo anteriormente expuesto refleja una falta de transparencia y presumiblemente actos de corrupción, violación a las leyes y total adecuación a los dictados neoliberales que han dejado funcionarios ricos y obras caras.

Se debe incluso investigar y pedir los informes conducentes para en su caso, fincar responsabilidades a los servidores públicos involucrados en la negociación, si resultan acreditadas las violaciones que denuncio. De acuerdo a lo anterior, se estaría violando el artículo 108 de la Constitución Local y otras disposiciones legales.

Lo antes citado es claro, aquí estamos hablando de violaciones a principios constitucionales. Nuestros electores nos eligieron para vigilar estos actos, para investigarlos, sancionarlos y meter en su lugar a los corruptos e ineficaces.

Cuetlaxcoapan, Puebla de Zaragoza a 03 de julio de 2008

Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega