Lunes, 28 de julio de 2008
La Jornada de Oriente-Puebla
El diputado petista José Manuel Pérez Vega, en calidad de desaparecido
El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Manuel Pérez Vega fue agredido ayer por elementos de la Policía Municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, una población ubicada en la Sierra Negra de la entidad. Hasta el cierre de la presente edición, el legislador se encontraba en calidad de desaparecido.
Martín Hernández Alcántara
El representante popular, quien se ha distinguido por ser uno de los principales opositores en el Congreso local, dominado por la fracción parlamentaria del PRI, iba acompañado de su secretario particular, Hervey Rivera González, y de Rafael García, líder del Comité del Pueblo Unido, una organización no gubernamental que aboga por los derechos de los indígenas.
Rivera González dijo en una rueda de prensa que ofreció hoy por la noche en Tehuacán que desde la semana pasada Pérez Vega –conocido popularmente como Pepe Momoxpan– anunció que iría a Tlacotepec de Porfirio Díaz para recabar denuncias de los vecinos en contra del alcalde priista, Esteban Gorgonio Merino, a quien acusan de no brindar servicios públicos ni apoyos a la población, además de actuar con despotismo.
Pérez Vega arribó este domingo al filo de las 14 horas con su comitiva, pero en la entrada a la cabecera municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz encontró un retén policiaco que le impidió el paso. El legislador se identificó y exigió que se respetara su derecho a libre tránsito, pero los uniformados respondieron golpeándolo a él y a sus acompañantes con las cachas, culatas y los cañones de sus armas.
En el forcejeo, Hervey Rivera González y Rafael García Salas lograron escapar, pero el diputado se internó en el cerro. El secretario particular afirmó que los gendarmes le dispararon a Pérez Vega y que la última vez que lo vio llevaba el rostro ensangrentado. Afirmó también que Antonio Merino, hijo del presidente municipal, dirigió las agresiones.
Ni el Congreso local ni el gobierno estatal fijaron una postura sobre los hechos. La Procuraduría General de Justicia informó que estaba a la espera de que Rivera González y García Salas presentaran la denuncia correspondiente y que los cuerpos de seguridad pública ya buscaban al representante popular.
Martes, 29 de julio de 2008
El diputado Pérez Vega fue torturado por policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz
El diputado local por el Partido del Trabajo (PT) José Manuel Benigno Pérez Vega sufrió un intento de asesinato y fue torturado el domingo pasado por elementos la Policía Municipal de Tlacotepec de Porfirio Díaz, quienes lo esposaron a la batea de una camioneta y lo golpearon en muchas ocasiones durante más de hora y media, según calculó, además de colocárle los cañones de sus armas de fuego en la sien, la frente e introducírselos en la boca.
Al legislador y a sus acompañantes –su secretario particular Hervey Rivera González y Rafael García Salas, líder del Comité del Pueblo Unido– los uniformados también intentaron aplicarles la “ley fuga”, pues después de arrojarlos a un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad les dispararon en más de 30 ocasiones.
Pérez Vega –conocido también como Pepe Momoxpan– responsabilizó de las vejaciones al edil de Tlacotepec, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien, asegura, le preparó una celada que no se consumó, pero que de haber resultado hubiera provocado una turba en aquel municipio de la Sierra Negra de Puebla para lincharlos, ya que antes del ataque policiaco en Tlacotepec los esperaban enardecidas decenas de personas, azuzadas por hombres que tenían cortes de pelo como el que suelen usar los gendarmes.
En un recorrido que esta casa editorial hizo por El Crucero, inspectoría de Eloxochitlán, el lugar donde se perpetró la tortura, algunos vecinos narraron que alrededor de las 15 horas del domingo se percataron de la presencia de los policías de Tlacotepec, quienes golpeaban a tres personas –Pérez Vega, García Salas y Rivera González– que mantenían esposadas en la batea de sus patrullas.
Los hermanos Jesús y Apolinar Olivares Sandoval fueron algunos de los que presenciaron la agresión al legislador y sus compañeros, y refirieron que tras aventarlos a un barranco los policías lanzaron alrededor de 30 disparos, lo cual el diputado explicó después que fue una especie de “ley fuga”.
Con los ojos amoratados y el rostro hinchado por la golpiza, utilizando un palo como bastón, el representante popular ofreció ayer sendas ruedas de prensa en Tehuacán y en la sede del Congreso local –ubicado en la capital–, en las que declaró que no confía en las autoridades de la entidad porque han alterado la escena del crimen moviendo su camioneta. Por esa razón tramitará su denuncia ante la Procuraduría General de la República.
Preparaban linchamiento
Según su versión de lo sucedido, a la entrada de Tlacotepec había un retén policiaco que pretendió catear el vehículo del representante popular con el pretexto de que la revisión era parte de la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; el legislador replicó que esa norma sólo podía ser ejecutada por autoridades federales. Detrás de los uniformados había un grupo de gente que amenazaba con atacar a los visitantes.
Inició un forcejeo. El diputado y su comitiva huyeron en una camioneta. En el trayecto de Tlacotepec de Porfirio Díaz al municipio de Eloxochitlán escuchó al menos una docena de detonaciones provenientes de las patrullas que los perseguían.
Ya en territorio de Eloxochitlán, los policías de Tlacotepec lograron darles alcance. En un paraje los sometieron, los esposaron y comenzaron a golpearlos. También arribaron algunos civiles que participaron en el ataque. El diputado, quien sacó la peor parte de las vejaciones, afirma que los uniformados, dirigidos por su comandante –un hombre al que identifican con el mote de “El Jarocho”–, endurecieron la tortura colocándole los cañones de sus armas en la sien, en la cara frontal del cráneo e introduciéndolos en su boca. Los hechos fueron atestiguados por una decena de vecinos de Eloxochitlán. Los policías recostaron al legislador sobre el cofre de uno de los vehículos, desde ahí, les gritó a los testigos que era diputado y que llamaran a la capital estatal.
Los uniformados arrojaron a las víctimas a un barranco. Calculan que rodaron unos 30 metros por la pendiente. Parecía que la agresión había cesado; los victimarios estaban a punto de marcharse, pero recularon y después activaron al menos una treintena de ocasiones sus armas contra Pérez Vega, García Salas y Rivera González.
Los labriegos ocultaron a las víctimas en sus casas y decidieron encaminarlas hacia Tehuacán al anochecer. Les prestaron dinero. Pérez y García llegaron a esa ciudad en un taxi y se ocultaron, temerosos, en un hotel barato, pues los agresores los despojaron de sus identificaciones y los amenazaron con asesinar a su familia. Decidieron reaparecer el día de ayer por la mañana y ofrecer una rueda de prensa para los medios locales.
“¡Eres un cerdo!”
Los representantes legales de Pérez Vega hicieron acto de presencia la noche del domingo en Tehuacán para encarar a las autoridades ministeriales, a quienes solicitaron una copia certificada de la denuncia presentada por el secretario particular del legislador. No hubo respuesta de parte de la representación social; en cambio, el edificio el personal de la agencia del Ministerio Público recibió la orden de abandonarlo.
Momentos antes de que el representante popular iniciara la rueda de prensa en Tehuacán, su abogado, Israel Trujillo López, enfrentó al director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de esa demarcación, Sergio Domínguez Arroyo, gritándole: “¡Eres un cerdo!, ¡cerdo!”.
Posteriormente declaró a los medios que “hay una actitud muy sospechosa por parte de las autoridades del estado, tanto en el Ejecutivo como en la Procuraduría de Justicia”.
Más tarde en Puebla, Pérez Vega se presentó en el Congreso local. Al ver su estado, algunas reporteras se impresionaron al punto de que parecían querer llorar. Un par de diputadas no resistieron y sí rompieron en llanto.
EDITORIAL
VIOLENCIA POLÍTICA
El diputado local José Manuel Pérez Vega, cuando realizaba una visita de trabajo a Tlacotepec de Porfirio Díaz –el domingo–, fue emboscado por agentes de la Policía Municipal y un grupo de vecinos; luego lo bajaron de su vehículo, lo esposaron y lo torturaron. Posteriormente, se presume que lo quisieron ejecutar, pero logró huir de sus captores.
Lo que pasó con el legislador no puede ser ni catalogado ni sancionado como un simple acto de abuso de autoridad o brutalidad policiaca, sino que se trata de un hecho de violencia política que no puede quedar impune y debe preocupar a todos los sectores de la sociedad, ya que es muestra de cómo en algunas zonas del estado existe una ausencia del Estado de Derecho.
Resulta preocupante que la respuesta de las autoridades son crear una fiscalía especial para investigar la agresión –la cual es una figura que normalmente no funciona– y que únicamente se quiera descargar la responsabilidad de lo ocurrido en los agentes de seguridad pública que participaron en los hechos de violencia, cuando existen pruebas de que el edil de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgorio Merino Mendoza, ha creado un ambiente de constantes violaciones a los derechos humanos y de faltas a la legalidad.
Lo correcto sería suspender temporalmente al edil, investigarlo y si existen pruebas en su contra, que se proceda legalmente, como un mensaje claro de que los presidente municipales deben ser garantes de la legalidad y no los principales transgresores, tal como ocurre en varios municipios.
CUITLATLAN
La Segob y el Congreso permitieron las barbaries del edil que agredió a Pepe Momoxpan
Fermín Alejandro García
La agresión sufrida por el diputado local José Manuel Pérez Vega –también conocido como Pepe Momoxpan– no se puede catalogar únicamente como un caso más de brutalidad policiaca, no es un simple abusos de agentes de seguridad pública, sino se trata de un asunto de violencia política, misma que ha venido generando el alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz, Esteban Gorgonio Merino Mendoza, con absoluta impunidad y que al parecer ha sido solapada desde la Secretaría de Gobernación y el Congreso local.
Desde principios de este mes, había por lo menos dos importantes quejas contra el edil de Tlacotepec de Porfirio Díaz, una de ellas, por privación ilegal de la libertad de unos labriegos, a quienes se les quiere despojar de sus predios. En ambos casos, poco o nada se hizo para frenar las tropelías del alcalde. Las denuncias, como siempre, se mandaron al archivo y se determinó que en “ese municipio no pasa nada”.
La emboscada que este domingo sufrió Pérez Vega, junto con su detención y posterior tortura, es una muestra clara de que en Puebla hay territorios donde priva la impunidad, donde domina la horca y el cuchillo para resolver conflictos, y es claro que no existe el Estado de Derecho. En esta ocasión las cosas no llagaron a más por ser el agredido un legislador, pero todos los días muchos ciudadanos sufren abusos de autoridades municipales sin que nadie los auxilie.
Y lo más grave es que los tres poderes públicos no hacen nada para cambiar esa oprobiosa realidad de amplias regiones del estado de Puebla.
Si el Congreso local y la Secretaría de Gobernación hubieran actuado a tiempo en contra del edil Esteban Merino Mendoza probablemente se hubiera evitado la agresión contra Pérez Vega y dos colaboradores, quienes sufrieron hechos de violencia que tienen características de que se trató de un intento de ejecución, ya que los estaban esperando cuando el domingo apenas llegaban a Tlacotepec, y ahí policías y una turba de pobladores los bajara de sus vehículos.
El pasado 2 de julio un grupo de cafeticultores de la comunidad de Zacatilihuic presentó una queja ante el Congreso para denunciar que el ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio pretende quitarles un predio –de varias hectáreas– supuestamente para destinarlo a una obra pública, sin que medie un decreto expropiatorio y mucho menos un indemnización. Los quejosos señalan que de ese terreno viven seis familias y como se opusieron al despojo, el 14 de junio fueron citados para ser tratados de esta manera:
Un grupo de regidores del gobierno del edil Esteban Merino, junto con el síndico y otros servidores públicos, encerraron a los campesinos que suscribieron el escrito de protesta en la oficina de la Inspectoría Municipal de Zacatilihuic para obligarlos a firmar la cesión de los derechos del predio en cuestión. Ahí le dijeron que en un mes les quitarían la propiedad, sin importar que estuvieran o no de acuerdo.
Debido a que los campesinos que fueron encerrados no eran los titulares de la propiedad, los liberaron. El día 25 de junio, los mismos policías que el domingo agredieron al diputado Pérez Vega, fueron a detener a los mismos campesinos para que por segunda vez, mediante el uso de torturas psicológicas, los intentaran obligar a firmar la entrega del predio.
La denuncia de estos hechos la presentaron en el Congreso los hermanos –de origen náhuatl– Eleno, Juan, Margarita y Rutilio Saqueros Sánchez, sin que eso haya servido para que se hiciera algo para frenar al primitivo edil Esteban Merino Mendoza.
Otra situación similar es lo que ha pasado con Guillermo Berlín Rivera, un regidor del PRD, que denunció que el alcalde no acata las decisiones del cabildo, y que en su caso, le impide participar en las sesiones del cuerpo edilicio y cuando fue la elección de juntas auxiliares se falsificó su firma para aparentar que había convalidado los plebiscitos.
Berlín Rivera denunció ante medios de comunicación de Tehuacán las arbitrariedades del gobierno de Gorgonio Merino y en represalia, el 27 de junio, lo destituyeron –algo que la Constitución impide– y lo demandaron penalmente, sin que hubiera delito que perseguir. Por si fuera poco, al día siguiente, le negaron el pago de su dieta. Es decir toda una serie de actos de barbarie política.
Hace unos días, el edil Gorgonio Merino fue entrevistado en Tehuacán y haciendo gala de su vasta ignorancia, reconoció que había “castigado” al regidor Guillermo Berlín.
De esa situación se comunicó –ver escrito de abajo– a la Secretaría de Gobernación, pero como siempre, no se hizo nada.
El gobierno crea una fiscalía especial para esclarecer las agresiones al legislador petista
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
Para esclarecer la tortura que perpetraron policías municipales de Tlacotepec de Porfirio Díaz al diputado del PT José Manuel Pérez Vega, el gobierno del estado creó una fiscalía especial; en tanto, sólo la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional protestó enérgicamente por la agresión y exigió que el edil de ese sitio presente su licencia al cargo mientras se le investiga; en contraparte, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) optó por exhortar al agraviado a presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Enterado de que el legislador petista ofrecería una rueda de prensa a las 13:30 horas en la sede del Congreso local, la administración que encabeza el priista Mario Marín Torres se adelantó y convocó a los medios una hora y media antes. Los encargados de fijar públicamente el posicionamiento oficial fueron el subsecretario de Asuntos Políticos, Joe Hernández Corona, y el titular de la Procuraduría General de Justicia, Rodolfo Igor Archundia Sierra.
A pregunta expresa, el primero aseguró que no se brindará impunidad a su correligionario, el edil priista Esteban Gorgonio Merino Mendoza, en caso de que las indagatorias determinen que fue el autor intelectual de los ataques perpetrados a José Manuel Pérez Vega y sus acompañantes el pasado domingo.
Por su parte, el procurador dio a conocer que en la primera inspección realizada en el lugar de los hechos no se hallaron casquillos de bala, pero aclaró que se harían más revisiones.
En declaraciones hechas a un noticiario radiofónico por la mañana, el secretario de Gobernación, Mario Alberto Montero Serrano, declaró: “Fue una acción totalmente reprobable de la Policía Municipal, vamos a estar atentos para que se haga justicia, no porque sea diputado, sino porque le puede pasar a cualquiera”.
El Partido Acción Nacional, en voz de la diputada Leonor Popócatl, condenó dicha agresión en contra de Pérez Vega y exigió que el gobierno de Mario Marín Torres esclarezca cuanto antes los hechos y castigue a los culpables.
Menos enfáticas fueron las declaraciones del líder de la bancada priista y presidente de la Gran Comisión del Congreso local, José Othón Bailleres Carriles, quien invitó a Pérez Vega a presentarse “en cualquier agencia del Ministerio Público” para interponer una querella por la tortura que sufrió.
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