Discurso Reforma de Ley Orgánica BUAP

 Diputadas y diputados, representantes de los medios de comunicación, público:

Hoy presento a esta soberanía una serie de reformas que son resultado de la actual y seria situación en la que se encuentra la Máxima Casa de estudios del Estado, a lo largo de los dos periodos de la actual administración. Estas reformas se hacen necesarias para el buen manejo de una institución que por fortuna es autónoma y descentralizada del gobierno estatal.

Y para las posiciones más dogmáticos de la autonomía universitaria, les recuerdo que todas las universidades públicas del país, tienen leyes que aprueban, derogan y abrogan en los Congresos Estatales.

El actual rector ha utilizado los recursos institucionales para generar una percepción social alrededor de su persona con el fin de crear una percepción de fortaleza política ajena al ámbito universitario, y, en el último de los casos, en un afán narcisista que busca identificar los logros de una institución con la exclusiva acción de su persona.

Para nadie es nuevo que el conflicto de intereses se ha hecho presente dentro del que se autodenomina como “Ejecutivo Universitario” pues no le basta ser rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) sino que también tiene intereses económicos en instituciones privadas.

Las reformas que hoy presento tratan de darle un nuevo rostro al gobierno interno de la Universidad y toman otros modelos de universidades mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdG), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), entre otras; las cuales centran el poder político interno en una JUNTA DE GOBIERNO que dentro en mi propuesta debe ser nombrada por los mismos representantes del actual Consejo Universitario. La Junta de Gobierno que hoy propongo tendrá como facultades además destituir y nombrar al rector y directores de facultades.

El actual funcionamiento del Consejo Universitario es maniatado, siendo un órgano colegiado es evidente el manipuleo por parte del presidente del mismo que también es el rector no permitiendo a sus miembros discutir los asuntos de fondo. Según consulta en la página de Transparencia (http://www.transparencia.buap.mx/index.html) ha sesionando de forma extraordinaria y con ello se evita abordar Asuntos Generales para que los consejeros no puedan tomar la palabra, violando con ello el artículo 9 del Estatuto universitario que señala: “Las sesiones ordinarias se celebrarán durante la segunda quincena de cada mes”. Desde el arribo a la Rectoría de Enrique Agüera Ibáñez, no ha permitido que sesione el Consejo Universitario de manera ordinaria.

Incluimos dentro de esta iniciativa y para evitar el conflicto de intereses que dentro de los requisitos para ser designado rector, se incluya que no sea socio o propietario de instituciones educativas de carácter superior o medio superior dentro de los cinco años anteriores a la designación.

Para evitar que se creen pequeños cacicazgos la iniciativa que hoy promuevo permitirá que los rectores interinos no puedan ser electos para el periodo inmediato siguiente, así como crear la figura de la reelección discontinua.

Con estas reformas estoy seguro que podremos darle un rostro más académico y menos político a la figura de los miembros del gobierno universitario. Estoy seguro que la comunidad académica y estudiantil de la BUAP, como espacio privilegiado para el análisis y discusión, debatirán las reformas que hoy proponemos y para así hacer valer el lema universitario: “Pensar Bien para vivir mejor”.

Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 29 de septiembre de 2010

Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

Reforma BUAP

Discurso Punto de Acuerdo comparecencia SEDECO

Diputadas y diputados, representantes de los medios de comunicación, público:

El marinismo “cierra con broche de oro” su sexenio con la pérdida de la inversión de 550 millones de pesos, que significarían la creación de 700 empleos directos y 200 indirectos, de una planta industrial del consorcio automotriz Volkswagen, misma que ahora se instalará en una superficie de 60 hectáreas del “Puerto Interior” de Guanajuato que “integra los servicios de Aduana Interior con su propio Recinto Fiscalizado Estratégico, Parque Industrial, Terminal Intermodal Ferroviaria y de trasvase, Terminal de Carga Aérea, además de zona para servicios logísticos y comerciales”, como lo señala su gobierno en un desplegado de circulación nacional. Desconocemos en qué grado fue determinante, para bien o para mal, el ofrecimiento al consorcio alemán, de utilizar las instalaciones del Recinto Fiscalizador Estratégico del Nodo Intermodal Logístico, mejor conocido como “La Célula”, aunque es evidente la broma que significa el proyecto marinista ubicado en Oriental.

El anuncio de la millonaria inversión en Guanajuato fue un “balde de agua fría” al cada vez más alicaído gobierno marinista, pero reafirma su ineptitud y negligencia para atraer inversiones. Las palabras del Presidente de Volkswagen de México, Otto Linder fueron contundentes: “la decisión apuntó a Guanajuato por su entorno competitivo que comprende infraestructura carretera, un agresivo programa de capacitación y entrenamiento, no solo en México sino en el extranjero y ventajas logísticas de Guanajuato”.

La primera reacción del gobierno fue iniciar una campaña para culpar a los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAW), como los responsables de “ahuyentar” la inversión. Como si la práctica del sindicalismo democrático e independiente y el conocimiento de sus derechos laborales significara una acción ilegal.

         El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gral. Mario Ayón Rodríguez, declaró que “Puebla es un lugar atractivo para que vivan los narcotraficantes, ya que es una ciudad donde hay estabilidad y paz”. ¿Será que a los ejecutivos alemanes no les convence fraternizar con algunos capos del crimen organizado?

         El marinismo en su dejadez para atraer la inversión, si atendió sus negocios especulativos con motivo de la instalación de la planta de motores alemana. En Huejotzingo en terrenos aledaños al Aeropuerto pretende vender ahora unos terrenos del Gobierno, para atender este tema cuando la empresa ya se fue a invertir en Guanajuato.

         Por primera ocasión, la empresa alemana invierte esas cantidades millonarias fuera de territorio poblano desde 1965, año de la instalación de la planta armadora en Puebla. Los ciudadanos de Puebla merecemos una explicación de las autoridades. Hasta que no conozcamos por voz del responsable de la materia en el gobierno, seguirán las especulaciones de los motivos por lo que no se efectuó la inversión en Puebla

Por todo lo anterior, solicitamos la comparecencia al Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Estado, Lic. José Antonio López Malo Capellini, para que explique las acciones que se emprendieron para convencer a directivos del consorcio automotriz Volkswagen de instalar una planta de motores en la entidad.

Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 29 de septiembre de 2010

Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

Punto de Acuerdo comparecencia SEDECO

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla

Presidente de la Comisión Permanente 

P r e s e n t e

El que suscribe, Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 17 fracción IV y XI, 46 de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI y 128 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, somete a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:

Punto de Acuerdo para solicitar conforme al artículo 32, fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la comparecencia del Secretario de Desarrollo Económico, Lic. José Antonio López Malo Capellini, para que explique las acciones que se emprendieron para convencer a directivos del consorcio automotriz Volkswagen de instalar una planta de motores en la entidad.

Antecedentes

El pasado 22 de septiembre se conoció la decisión del consorcio automotriz Volkswagen acerca de invertir 550 millones de dólares en la instalación de una planta de fabricación de motores, que representará la creación e 700 empleos directos y 2000 indirectos en un “puerto seco” del estado de Guanajuato. Puebla también competía con aquella entidad para obtener esa importante inversión.

En diversos medios de comunicación se inició una campaña para culpar a los integrantes del sindicato de la armadora, como los responsables de que no se instalara la planta en Puebla. Una justificación muy alejada de la realidad. Las explicaciones que ofrecieron diversos integrantes del gabinete no fueron lo suficientemente claras para convencernos de qué acciones concretas emprendieron para convencer a los directivos de Volkswagen de construir la planta en territorio poblano.

Desconocemos en que grado fue determinante el ofrecimiento al consorcio alemán, de utilizar las instalaciones del Recinto Fiscalizador Estratégico del Nodo Intermodal Logístico, mejor conocido como “La Célula”. Más aun, si se hizo, o no, el ofrecimiento concreto.

Considerando

Por primera ocasión, desde 1965, año de la instalación de la planta armadora en Puebla, esta  efectúa una inversión de ese monto, fuera de territorio poblano. Los ciudadanos de Puebla merecen una explicación de sus autoridades.

Único.- Solicitamos la comparecencia al Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de Estado, Lic. José Antonio López Malo Capellini, para que explique las acciones que se emprendieron para convencer a directivos del consorcio automotriz Volkswagen de instalar una planta de motores en la entidad.

Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza a 28 de septiembre de 2010

Dip.  José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

Guanajuato motor para el empleo en México

Boletín Tehuacán 28 de Septiembre

En días pasados el Juez Primero de lo Penal, Isauro Limón Melchor, sentenció a 8 años de prisión a siete policías municipales de Tlacotepec de Porfirio Díaz, por su participación en el intento de homicidio que sufrí en la Sierra Negra de Puebla el 27 de julio de 2008, junto con dos de mis colaboradores. Al pistolero, Abel Ramos Pereyra, alias “el jarocho”, sólo lo condeno a un año de cárcel, cuando fue él quien se comportó con la mayor violencia al momento del ataque.

Debido a la impunidad que gozan los autores intelectuales de mi agresión, “los gorgonitas” se han llenado de soberbia porque ninguna autoridad judicial, Congreso del Estado y Procuraduría General de Justicia del Estado; los han investigado y sancionado por los múltiples delitos que han cometido con la población.

Como muestra del ambiente de descomposición que se vive en Tlacotepec, el señor Antonio Ferrer García, quien funge como síndico municipal de Tehuacán, fue agredido junto con su esposa. Los hechos ocurrieron el día 3 de julio del 2010, cerca del poblado Villa del Río en Tehuacán. Al afectado y a su esposa les tendieron una emboscada pero él se dio cuenta y les dijo que “si se atrevieran a dispararle, él también respondería”. Entonces, los agresores los dejaron ir; sin embargo, al retirarse, iban en su camioneta, les dispararon con una escopeta resultando heridos, tanto el Síndico como su esposa la señora Adriana. El señor Antonio Ferrer recibió dos postas en la cabeza que, aunque no de gravedad, resultan difíciles de extraer; mientras que su esposa resultó con una grave herida en el pulmón derecho, por lo cual tuvo que ser intervenida de emergencia  en la ciudad de Córdoba, Veracruz.

A pesar de haber sido ellos los agredidos, tres días después del hecho, el asesor jurídico del Ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz, ofreció una conferencia de prensa en la que declaró que el señor Antonio Ferrer García disparó a una regidora y por esa razón está huyendo. Nada más alejado de toda realidad, lamentablemente la distancia y tergiversación de los hechos pretendieron crear una imagen de que el síndico fue el agresor cuando él y su esposa resultaron agredidos. Lo que se sabe es que la situación económica del síndico no es buena y necesita dinero para poder pagar la recuperación de su esposa. Además que se desconoce su ubicación porque temen se consume su asesinato por “los gorgonitas”. El síndico se presentó en la Agencia del Ministerio Público y comprobó que no existe denuncia alguna en su contra.

Los autores intelectuales del intento de homicidio en mi contra siguen libres, de la misma manera que quienes instigaron el ataque al regidor. Esto implica un permanente estado de zozobra para la población y de impunidad para los agresores. No se puede hablar de una adecuada procuración de justicia, de respeto al estado de derecho o de gobernabilidad hasta que los responsables de la agresión que sufrí y del clima de violencia en la región respondan ante  la ley.

En las pasadas elecciones “los gorgonitas” resultaron triunfadores, existe la pretensión de que el “niño alcalde” Antonio Merino González sea designado Secretario General del Ayuntamiento, en su infinito desprecio por la ley podría ocupar ese importante cargo municipal. Todo esto se explica ya que son apoyados por los jefes del “triángulo de las Bermudas”, los gobernadores Mario Marín, Ulises Ruiz y Fidel Herrera, sitio famoso por las desapariciones inexplicables de ciudadanos y defensores de los derechos humanos.

Tehuacan, a 28 de septiembre de 2010

Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

Boletín Informativo Transporte Público Puebla

El pésimo servicio público de transporte es una de las mayores cargas que la ciudadanía debe sobrellevar y padecer. Las deficiencias en materia de calidad del servicio, seguridad de las unidades, distribución de las rutas, la falta de un manejo integral y urbanístico del servicio, la opacidad en la designación de concesiones, la nula atención al aspecto ambiental y las pésimas condiciones laborales de los operarios son los rasgos principales del sector. Causas hay muchas, pero culpables dos: el gobierno de Mario Plutarco Marín Torres y los concesionarios. Hasta las pasadas elecciones el marinismo se mostraba complaciente con las alzas de tarifas, atento a fomentar relaciones clientelares que, según él, se traducirían en beneficios de corte electoral. Hoy con el inminente cambio de gobierno la realidad es otra, no solo se han quebrantados esos “pactos” sino que además se sigue poniendo en riesgo la integridad física y económica de las familias poblanas, por lo cual no podemos permitir un aumento ni del 60% por ciento como lo piden los concesionarios, ni del 25% como lo plantea el gobierno. El bienestar de los poblanos no es negociable,  dichos cambios en la tarifa no deben llevarse a cabo pues los solo benefician a un pequeño grupo y por supuesto al gobierno saliente.

Es pertinente que el gobernador recién electo intervenga pues seguramente heredará una red de transporte público deficiente, insegura y de mala calidad.

En el afán de dificultar al máximo el arribo del próximo gobierno estatal, sin quebrantar abiertamente el “pacto de transición”, Mario Plutarco Marín Torres azuza conflictos que a la larga le darán dividendos políticos al candidato delfín de marinismo, ahora a la dirigencia del PRI en la entidad, Javier López Zavala, quien próximamente se estrenará en su faceta de luchador social de causas populares, empresariales, campesinas, estudiantiles y todas aquellas que previamente le haya activado el alumno más avezado del bartlismo. Ya lo mencionó por la mañana en una entrevista de conocido programa radiofónico, la gente está enojada y más lo estará por lo problemas que el marinismo creará y administrará en este lógica del conflicto.

El doble juego del marinismo es mostrarse institucional en reuniones con legisladores y equipo de transición del gobernador electo, mientras activa por debajo, como experto fontanero que es, potenciales problemas en diversas esferas de la sociedad. Es tiempo de desenmascarar esta perversa estrategia.

Cuetlaxcoapan H. Puebla de Zaragoza, a 27 de septiembre de 2010

Diputado José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

        

      

Iniciativa de Ley de Residuos Solidos del Estado de Puebla

Decreto Por El Que Se Crea La Ley de Residuos Del Estado de Puebla

Posicionamiento BUAP

El 24 de febrero de 2009, presenté ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo para solicitar se envíe un exhorto al Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para que se abstenga de utilizar recursos públicos en la promoción de su imagen personal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este exhorto respondía a un peligroso manejo patrimonialista  por parte del rector, el cual confunde al titular de una institución con la totalidad de la misma Ahora, nuevamente, se pone a disposición del titular de la rectoría universitaria los recursos institucionales de la universidad, esta vez para enfrentar una acusación efectuada a nivel personal.

A lo largo de su periodo al frente de la BUAP, el actual rector ha utilizado los recursos institucionales para generar una percepción social alrededor de su persona con el fin de crear una percepción de fortaleza política ajena al ámbito universitario, y, en el último de los casos,  en un afán narcisista que busca identificar los logros de una institución con la exclusiva acción de su persona. Si esto ya es grave, como consecuencia de sus devaneos con la clase política –evidentes en sus festejos de cumpleaños y en su compadrazgo con Mario Marín- ahora el ciudadano Enrique Agüera Ibáñez es sujeto a un profundo escrutinio mediático al que busca responder, no como ciudadano a través de una adecuada defensa jurídica pagada con sus recursos propios, sino utilizando todo el aparato de la institución -a través de desplegados en medios nacionales, de promocionales en medio masivos, reuniones y manifestaciones de opinión convocadas desde el cargo que ostenta con todos los actores universitarios- siendo particularmente grave que instruya a la  Abogada General de la Universidad para que proceda a su defensa.

Nuevamente señalo: la Universidad está más allá del titular de rectoría y los señalamientos que se le hagan a título personal. Cualquier uso de la universidad para la promoción o defensa del rector fuera de sus atribuciones institucionales es un acto de patrimonialismo que se debe evitar y que viola lo establecido en el artículo 134. 

Respecto al problema que desata esta polémica, cabe recordar que en días pasados se exhibieron dos reportajes televisivos en el programa “Punto de Partida” conducido por la periodista Denise Maerker, donde se hacen señalamientos muy concretos contra el ciudadano Enrique Agüera Ibáñez en un canal de televisión nacional. Dichos señalamientos me obligan como legislador a  solicitar  una explicación de la información ahí vertida, esperando que la misma parta del interesado y no a través del aparato universitario. Los poblanos la merecemos.

Cabe recordar que en los últimos 20 años las autoridades universitarias que dirigen la BUAP se han vinculado cada vez más estrechamente con los titulares del ejecutivo y han convertido posiciones universitarias en trampolines para acceder al poder político o a la administración pública, subordinando los intereses de la universidad a los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), beneficiándose así con prebendas políticas y quebrantado el espíritu de autonomía por la que tanto lucharon brillantes universitarios del estado.

La máxima casa de estudios de Puebla debe quedar al margen de proyectos políticos personales y recuperar el espíritu crítico y plural que siempre la caracterizó en momentos difíciles para la sociedad poblana. Igualmente debe exigirse a sus autoridades se manejen con la probidad necesaria para que  negocios y alianzas políticas cuestionables no afecten la verdadera institucionalidad universitaria, aquella que se finca en el trabajo cotidiano de docentes, estudiantes e investigadores.

También es un hecho que a partir de la derrota inesperada del PRI en las pasadas elecciones del 4 de julio, se afectó el proyecto político de la cúpula universitaria, lo cual traerá efectos en muchos sentidos, uno de ellos es el posible éxodo de ciertos funcionarios –municipales y estatales- hacia la universidad pudiendo convertirse esta en refugio de desempleados políticos. El actual conflicto no es de carácter universitario, es una vendetta contra el ciudadano Enrique Agüera Ibáñez por haber tomado una posición en las pasadas elecciones, pero en lugar de enfrentar como individuo las consecuencias de sus actos coloca a la universidad como rehén. En tanto continué la descomposición del Revolucionario Institucional y se busque convertir a todo el sector público en botín y bastión de los perdedores de la elección, toda la vida institucional del estado estará comprometida, desde el futbol hasta la educación superior.

Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza, viernes 10 de septiembre de 2010

Dip. José Manuel Benigno Pérez Vega y/o Pepe Momoxpan

Punto de partida Enrique Agüera

Dichos

Qué barato sale intentar matar a un diputado

Periódico: La Jornada de Oriente en línea
Fermín Alejandro García
09/septiembre/2010

Ayer fueron sentenciados a 8 años de cárcel los siete ex policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz que agredieron al legislador José Manuel Pérez Vega en el año 2008, acción que casi le costó la vida a él y dos de sus colaboradores; aunque el castigo a los ex agentes de seguridad pública parezca un acto de justicia, en realidad es una muestra más de la impunidad que priva en el estado, ya que a los  autores intelectuales del atentado, incluido el edil Esteban Gorgonio Merino Méndez, no les tocaron ni un pelo.

En el caso específico del alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz ha contado con la protección de los diputados priistas del Congreso local, pese a que en su contra pesa una larga lista de abusos de autoridad y de otra índole, pues de todo es sabido que este hombre es beneficiario de la deforestación de una parte de la Sierra Negra de Puebla y de la venta de alcohol a indígenas como una forma de sometimiento.

Lo irónico de todo esto es que los diputados del PRI protegieron al edil para que no fuera destituido del cargo y lo ayudaron para que no lo procesaran penalmente por el delito de intento de homicidio, y mucho de este comportamiento, se dice, fue resultado de que el presidente municipal era cercano a Javier López Zavala; sin embargo, pese a esa protección, al alcalde de Tlacotepec de Porfirio Díaz se le vio en la pasada campaña electoral apoyando al candidato a gobernador de la coalición Compromiso por Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.

Lo que ha pasado con el caso de la agresión al diputado local del PT José Manuel Pérez Vega y la protección al alcalde Esteban Gorgonio Merino muestra la cruda realidad de amplias zonas de la entidad, sobre todo en regiones indígenas, la cual es que en Puebla siguen existiendo caciques que someten a la población a horca y cuchillo, que en muchos municipios no se sabe que es el Estado de Derecho y que se puede intentar matar a un legislador y no pasa nada.

Esteban Gorgonio Merino cobró notoriedad porque en el mes de julio de 2008 un grupo de policías de Tlacotepec de Porfirio Díaz emboscó al diputado Pérez Vega, quien logró huir, pero fue perseguido, luego de que le dispararon y al final lo detuvieron de manera ilegal para después torturarlo. Los hechos mostraban que se había tratado de un intento de ejecución y que al parecer en la planeación de la agresión, estaban involucradas no solamente las autoridades de ese municipio; pero antes de ese hecho ya había una larga lista de abusos cometidos por ese alcalde, como son las siguientes:

Gorgonio Merino Méndez es un hombre que desde antes de ser alcalde ya se dedicaba a la venta de madera, y por esa razón la mayor parte de los días de cada semana se la pasa en Tehuacán atendiendo sus negocios.

Quien realmente gobierna es su hijo Antonio Merino, quien por cierto fue el que encabezó la cacería de la que fue objeto el diputado Pérez Vega.

El Congreso conoció de esa situación y no hizo nada; es decir, se deja con toda impunidad que una persona –en este caso Antonio Merino– que sin haber sido electa en las urnas asume el cargo de edil de lunes a viernes y le dé órdenes a los regidores, policías y trabajadores del ayuntamiento, y por si fuera poco, el Poder Legislativo supo que Gorgonio Merino Méndez solamente se presenta –o se presentaba– los fines de semana para obligar a los regidores a firmar actas de sesiones de cabildo que no existieron y de esa manera se avala el funcionamiento del gobierno municipal que dirige su hijo en su ausencia.

Poco antes de que en 2008 se diera la agresión en contra de Pérez Vega, el ayuntamiento de Tlacotepec de Porfirio Díaz decidió apoderarse de varias hectáreas de la comunidad de Zacatilihuic que están destinadas al cultivo de café y son propiedad de seis familias de indígenas de la región.

El ayuntamiento, sin emitir un decreto expropiatorio o pagar alguna indemnización, intentó apoderarse de los terrenos. Eso provocó que un grupo de afectados se armara de valor y fuera a protestar al palacio municipal. La respuesta que les dio un grupo de regidores, auxiliados por policías municipales, es que los encerraron en un salón y no los dejaron salir hasta que firmaron un documento mediante el cual, supuestamente de manera voluntaria, cedían los derechos de los predios al gobierno local.

Después de ese acto de coacción, en el ayuntamiento se dieron cuenta de que algunos de los indígenas que habían ido a protestar y fueron encerrados no eran los dueños directos de los terrenos, por lo cual se mandó a la Policía Municipal a cazar literalmente a los propietarios para llevarlos al palacio a firmar el otorgamiento de los predios.

Por todos estos hechos, el Congreso local –por acción y gracia de la fracción parlamentaria del PRI– solamente ha tenido la capacidad de amonestar al alcalde en cuestión.

Las promesas de todos los grupos parlamentarios de que no se dejaría impune el atentado contra Pérez Vega fue simple demagogia.

Al final el edil no fui incluido en las averiguaciones del atentado, pese a que en un acta ministerial uno de los policías involucrados da a entender que la orden primero de emboscar y luego de perseguir al legislador del Partido del Trabajo la dio el presidente municipal.

En la investigación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se llega a la conclusión de que lo ocurrido fue un intento de homicidio.

Frente al desenlace de los hechos, solamente queda la expresión: qué barato sale intentar matar a un diputado local de oposición.