Pepe Momoxpan exige limpia en Seguridad Vial
Periódico Intolerancia
20/11/09
Mario Martell
El director de la dependencia, Armando Toxqui Quintero, incurre en el delito de concusión, al hacer cobros ilegales por expedir permisos falsos de circulación, apunta el diputado petista Pérez Vega, quien llevará el caso de corrupción de Toxqui Quintero el Pleno del Congreso del estado El diputado del Partido del Trabajo (PT), José Benigno Pérez Vega, señaló que es muy grave y es un verdadero escándalo el hecho de que el director de Seguridad Vial del estado, Armando Toxqui Quintero, expida permisos falsos para transitar sin placas.Señaló que el funcionario público podría estar incurriendo en el delito de concusión que se describe en el artículo 430 del Código de Defensa Social del estado de Puebla.El legislador aseguró que es tiempo de acabar con estas prácticas de corrupción que realizan los funcionarios estatales.Recordó que la dirección de Seguridad Vial del estado no es una dependencia autorizada para emitir ese tipo de permisos."Ninguna secretaría tiene facultades de cobrar por sus servicios de manera directa, esto lo hace la Secretaría de Finanzas, que es la dependencia encargada de hacer los cobros."Si ellos están haciendo permisos esto es una irregularidad muy grave, que está tipificada en el delito de concusión del 430 del Código de Defensa Social."El pasado viernes, Intolerancia Diario publicó los resultados de una investigación realizada por el periodista Alfonso Ponce de León, especialista en temas de seguridad, en el que se documentó la expedición de permisos falsos, cobrados a 300 pesos, por parte de la dirección de Seguridad Vial del estado."Vamos a revisar el tema. Si es así vamos a tener que solicitar la comparecencia del mismo Toxqui y de su superior."Si esto es verificable -yo estoy partiendo de lo que salió en Intolerancia, la semana pasada- hay que analizar las acciones a seguir", expresó el legislador petista. Pérez Vega se mostró preocupado por los actos de corrupción que desde distintas dependencias se realizan para permitir la circulación de vehículos de manera irregular violando las leyes respectivas: "Vemos que es una práctica generalizada en el estado, como nosotros lo denunciamos en el caso de los mototaxis que es algo debidamente probado. Yo le he sacado fotos a las calcomanías, que se pagan en 5 mil pesos en el caso de estos permisos para que circulen los automotores."El pasado 15 de octubre el diputado del Partido del Trabajo (PT) presentó ante el Pleno del Congreso local un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la entidad a detener la ilegal campaña de regularización de mototaxis en los municipios donde opera este servicio. En dicha ocasión, el diputado se reunión con los operadores de mototaxis, quienes le expresaron que personal de la SCT junto con supuestos líderes de este servicio, han presionado, y en algunos casos obligado, a los dueños de los automotores a realizar un pago de alrededor de 5 mil pesos para que supuestamente el servicio se regularice mediante un engomado que llevará el automotor.En el caso de los permisos de Toxqui Quintero, el diputado Pérez Vega señaló que esto va en contra de la SFA porque se duplica la función, el dinero no ingresa a Finanzas que es el que capta los pagos que hacen los ciudadanos."Habría que citar al general Mario Ayón Rodríguez, secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla. Eso sí es un escándalo. Que comparezca el general Ayón este tipo de prácticas de su susbsecretario que realiza estos cobros indebidos con el delito de concusión."
Rechaza Congreso ocupar 400 mdp para defraudados
Periódico Como?
30/11/09
Victor Gutiérrez
El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado, Humberto Aguilar Viveros, rechazó que con las facultades que les confiere la Constitución, estén dispuestos a legislar para que al menos 400 millones de los 2 mil 500 millones del crédito que solicitó y le fueron autorizados al gobierno de Mario Marín, se puedan ocupar para indemnizar a defraudados de Grupo SITMA, Invergroup y Bienestar Social La Paz.En rueda de prensa dijo que hacerlo sería violentar la ley, toda vez que ese crédito por más de 2 mil 500 millones de pesos están debidamente etiquetados para inversión pública, por lo que no se pueden extraer para otros fines.El diputado priista explicó que el primer paso es el que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado, para integrar los expedientes requeridos de las denuncias presentadas por los afectados, con el fin de establecer el número y monto de lo defraudado.En segundo término, se requiere de conocer el estado jurídico de los casos, ya que son casos diferentes, donde dijo, los afectados por la caja de ahorro La Paz, podrían entrar dentro del paquete que se sigue de Coofia por tratarse del mismo asunto legal, no así con los engañados por SITMA e Invergroup, cuyo proceso es de carácter civil.A pesar de las protestas que se dieron el pasado jueves, durante la sesión ordinaria del pleno del Congreso local, y que se aprobó, entre otras cosas, el presupuesto de ingresos del gobierno por 48 mil 809 millones de pesos y el crédito por 2 mil 500 millones de pesos, fue rechazada la propuesta que en su momento, reiteró ante esa tribuna legislativa, José Manuel Benigno Pérez Vega, diputado local del PT, con el fin de crear un fondo especial para la atención y pago de los afectados por SITMA.De acuerdo con Aguilar Viveros, estos dos últimos casos, entran en otra faceta legal, en la que se deben establecer los mecanismos correctos para apoyar a los defraudados y no incurrir en fallas tales, que les sea contraproducente para los propios afectados.Empero, insistió en que no pueden legislar sobre los 400 millones de pesos que sobrarán del crédito ya autorizado al gobierno, ya que sería violar la ley en la materia, esto a pesar de que están facultados para ello.