Al portador
13/noviembre/09
Alejandro Mondragón
Exigen a la Procu agilidad al indagar Periódico Metro
13/noviembre/09
Francisco Rivas
Integrantes del Congreso del Estado exigieron al Procurador de Justicia del Estado (PGJE), Rodolfo Igor Archundia Sierra, agilice las investigaciones por los fraudes de empresas financieras e inmobiliarias.El diputado local del PT, José Pérez Vega, alias "Pepe Momoxpan", presentó un punto de acuerdo para que la PGJE atienda con celeridad a los afectados por Financiera Coofia y Grupo Sitma.El legislador petista acusó que en esa dependencia, y pese al nombramiento de la agente del Ministerio Público, Claudia Carmona Cid, para dar seguimiento del asunto, "no ofrecen avances a los defraudados"."Diversas personas defraudadas me han manifestado su malestar contra funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quienes los han tratado de manera déspota y grosera."A los afectados que intentan presentar una denuncia los 'convencen' de no hacerlo, quienes preguntan el avance del caso sólo les dan evasivas", refirió "Pepe Momoxpan" desde la tribuna.El punto de acuerdo se aprobó por unanimidad, una vez que los priistas y panistas, así como el resto de las fuerzas políticas representadas en el recinto legislativo consideraron urgente que la PGJE atienda el asunto y ofrezca resultados a las persontas que perdieron su patrimonio.Mientras un grupo de 20 personas, afectados por Grupo Sitma, observaron el momento de la votación.El mismo legislador del PT propuso que el Gobierno del estado fije una cifra dentro de su presupuesto de egresos para garantizar su aportación dentro del Fideicomiso Pago (Fidepago), en el caso de Financiera Coofia.La propuesta se turnó a la comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal para su revisión.Sin embargo el diputado local del PAN, Eduardo Rivera Pérez, explicó que ese punto de acuerdo ya había sido propuesto con anticipación por el grupo parlamentario del blanquiazul, por lo que resultaba de más el de "Pepe Momoxpan".RESERVA
En tanto el diputado del PM, Víctor Huerta, refirió que si bien no hay una cifra definida, el Gobierno del estado sí dejará una "reserva económica" dentro del presupuesto de egresos 2010, para cumplir su compromiso con elFidepago.El legislador priista comentó que por ahora no es posible determinar un monto, porque no se conoce con exactitud el número de afectados y el total de recursos que aportaron a la financiera.Agregó que una vez que concluya la auditoría se definirán montos para concretar la devolución de hasta 70 por ciento de las aportaciones.
Presionan defraudados de Coofia; exigen la devolución de su dinero Periódico El Sol de Puebla13/noviembre/09
Flor E. Martinez
Como forma de presionar al gobierno del estado para que se dé lo más rápido posible la devolución del dinero, ahora los defraudados de Coofia se manifestaron por las calles de la ciudad, lo que ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la zona del Paseo Bravo, la Avenida Reforma y el Congreso del Estado.En este último lugar, una comisión de manifestantes entró a hablar con el diputado Pepe Momoxpan, en donde también escucharon la sesión que en esos momentos se realizaba y que precisamente trataba el tema de los defraudados, donde la propuesta era subir un punto de acuerdo para que el gobierno estatal firme un convenio con el federal y se liberen los recursos para pagarles a los defraudados.Sin embargo, cuando algunos diputados pidieron que la iniciativa no pasara por comisiones sino que llegara de forma directa al gobernador del estado, los legisladores priistas votaron en contra.En ese momento los defraudados comenzaron a expresar una serie de consignas como malvivientes, de plano al diputado Luis Alberto Arriaga le dijeron que estaba mejor como conductor de televisión que como diputado, asimismo pidieron que se diera un voto de castigo en contra del Revolucionario Institucional en las próximas elecciones.Fue alrededor de las 14:00 horas que se retiraron los manifestantes de las instalaciones del Congreso del Estado.Por otra parte, Carlos Ahuatzin, uno de los representantes de este grupo de afectados, mencionó que el objetivo de la movilización fue pedirle al gobierno estatal que se suscriba un convenio para que éste aporte el 30 por ciento restante que le falta al Fideicomiso Pago para los defraudados de Coofia, mismo que debe ser al 100 por ciento de los ahorros que se tienen en esta financiera.Explicó que aún no están de acuerdo con lo del Fideicomiso Pago, ya que éste sólo pretende cubrir el 70 por ciento de una cantidad de 240 mil pesos, por lo que a cada defraudado le correspondería 168 mil pesos, lo cual no es justo, ya que hay muchos que tenían en Coofia más que esa cantidad, inclusive hasta 5 millones de pesos.Es por eso que se busca que el gobierno estatal cubra el 30 por ciento que no integra el fideicomiso y seguir buscando las alternativas para que el pago sea al 100 por ciento.Fueron pasadas las 9:00 horas cuando un contingente de ahorradores salió del Gallito para dirigirse a la sede del Congreso del Estado, en donde se pararon y expusieron que los legisladores propongan una iniciativa para que en el presupuesto del 2010 se etiqueten recursos para cubrir parte de los adeudos que Coofia tiene para con miles de poblanos.En este sentido, Carlos Ahuatzin comentó que precisamente este tema ya lo plantearon tanto con el diputado panista, Eduardo Rivera, como con el diputado del Partido del Trabajo, Pepe Momoxpan, por lo que la solicitud es que los demás legisladores locales se sumen.Otra de las solicitudes que realizaron los defraudados de dicha financiera, fue que se giren las órdenes de aprehensión de los responsables del fraude, asimismo, que incauten los bienes de los dueños de Coofia para que sean vendidos y se puedan cubrir los ahorros de miles de poblanos.Así también -añadió-se buscará que el gobierno cree una cuenta concentradora para que los empleados burócratas que pidieron préstamos a Coofia, paguen a ésta y ese dinero sea para los afectados. El objetivo es recuperar los ahorros, estableció.Durante la marcha de este jueves, estuvieron tanto habitantes de esta ciudad como varios de comunidades del interior del estado, pues cabe recordar que Coofia tenía sucursales en Atlixco, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, San Martín Texmelucan, Acatlán de Osorio, entre otras comunidades.Todos ellos con una historia diferente, pero con el mismo dolor: haber perdido sus ahorros, y quizá de muchos, los de toda la vida.Consciente de que estas marchas afectan a terceros, Carlos Ahuatzin solicitó disculpas a la sociedad y pidió que sean entendidos porque las movilizaciones son una forma de presionar para que se dé una solución al gran fraude que se cometió contra miles de poblanos.
Demanda el Congreso del estado a la PGJ no entorpecer las denuncias contra Sitma y Coofia Periódico La Jornada de Oriente13/noviembre/09
Mónica Camacho
En medio de protestas encabezadas por los defraudados de Financiera Coofia y Grupo Sitma, los seis grupos parlamentarios del Congreso local demandaron a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) atender con celeridad a las personas afectadas por esas compañías, ante las quejas de que funcionarios de la dependencia estatal están bloqueando las investigaciones de las estafas que esas empresas cometieron en Puebla. A la par, los diputados exhortaron a los 217 ayuntamientos de la entidad a condicionar en sus reglamentos el otorgamiento de licencias de funcionamiento para las entidades financieras, con el fin de permitir la operación a aquellas que cuentan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). No obstante, la mayoría priista del Congreso local envió a comisiones un punto de acuerdo que presentó la bancada del PAN, en el que se exige a las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) explicar los motivos por los cuales siguen manteniendo una relación de cobranza con Financiera Coofia. La decisión le valió a la fracción legislativa la censura de los manifestantes que presenciaron la sesión ordinaria de ayer, quienes advirtieron que emitirán un voto de castigo en contra del tricolor en las elecciones locales de 2010. Presión social, efectiva La discusión sobre los fraudes financieros en el Congreso inició con el punto de acuerdo que presentó el grupo albiazul, en voz la diputada Patricia Hidalgo Elguea, en el que se exigía a la Secretaría de Finanzas y Administración aclarar los términos de la relación que mantiene con Financiera Coofia.Mientras los diputados del PRI, PAN y PT se enfrascaron en una discusión sobre la responsabilidad de los gobiernos estatal y federal en las estafas, en las galerías que rodean al pleno del Congreso un grupo de timados por Grupo Sitma mantenían una protesta pacífica a través de pancartas, en las que demandaban resolver el conflicto e integrar un fondo en el Presupuesto de Egresos 2010 para resarcir los depósitos desfalcados.Los legisladores del tricolor bloquearon la propuesta al negarse a dispensar el trámite del punto de acuerdo y remitirlo a la Comisión de Hacienda Pública y Patrimonio Estatal y Municipal para su análisis. Los quejosos saltaron de sus asientos al conocer los resultados de la votación y comenzaron a gritar coléricos: "Voto de castigo para el PRI". Un grupo de inconformes abandonó el Palacio Legislativo para informar de la decisión a los cerca de mil manifestantes que se instalaron a las afueras del Congreso local como parte de la marcha que realizaron en Puebla capital para exigir una solución al conflicto.Fue hasta ese momento que la bancada tricolor comenzó a medir el impacto de la postura que asumieron. Mientras la sesión seguía su curso, el coordinador de la mayoría priista, Humberto Aguilar Viveros, inició el cabildeo con sus compañeros de fracción Rocío García Olmedo, Luis Alberto Arriaga Lila y Jorge Alfonso Ruiz Romero para definir una estrategia que enmendara la mala imagen que quedó del partido. La salida la encontraron con el punto de acuerdo que presentó posteriormente el diputado por el PT José Manuel Benigno Pérez Vega, en el cual se le hace un llamado de atención a la PGJ debido a que sus funcionarios han maltratado a los defraudados que intentaron interponer denuncias contra las empresas que los timaron y además se han negado a iniciar investigaciones sobre las quejas.
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