RECHAZAN
REFORMA DEL 24 CONSTITUCIONAL
Opinión
- Opinión Local
Alfonso
Yáñez Delgado
En
todo el país, profesores, instituciones educativas, servidores públicos,
organizaciones sociales, denominaciones cristianas, periodistas, especialistas
e investigadores, vienen rechazando la reforma al artículo 24 constitucional
aprobada en la madrugada del 15 de
diciembre de 2011, propuesta por el
diputado federal priista, José Ricardo López Pescador, con el apoyo decidido de
Emilio Chuayffet y la bancada legislativa mexiquense a la ordenes de Enrique
Peña Nieto.
Las
modificaciones hechas por los legisladores del PRI, PAN y PRD de “los chuchos”
y de otras denominaciones políticas, señalan que todo individuo tiene derecho a
la libertad de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta
libertad incluye el derecho de practicar, individual o colectivamente, tanto en
público como en privado, las ceremonias, devociones o actos del culto
respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Fue
tan arbitraria, según los opositores a la reforma del 24 constitucional, que ha
motivado opiniones en contra. Al respecto en
Plaza de la Democracia se recibieron dos comunicados, uno de ellos
publicado ayer en El Sol de Puebla, con la firma de decenas de iglesias
cristianas, y de connotados mexicanos, entre ellos: Jorge Carpizo McGregor,
Elena Poniatowska, Beatriz Pagés Rebollar, Jenaro Villamil, donde se expone lo siguiente:
“¿Cuál
es la intencionalidad de la reforma…es posible entender la necesidad de revisar
el artículo 24 de la Constitución para que de manera explícita se reconozca el
derecho a la libertad religiosa. Así mismo, a la luz de él se requerirá tanto
la revisión de los artículos 3º, 5º, 27 y 130 como de la Ley de Asociaciones Religiosas
y Culto Público… Sin embargo, por el momento, sólo existen condiciones para
concretar la reforma al artículo 24 de la Constitución…” (Cfr. Dictamen
revisado y aprobado por la Cámara de Diputados, páginas 21 y 22, en
www.diputados.gob.mx/articulo24/ consultado el 19 de enero de 2012).
“La
intencionalidad – continúa la declaración- de la reforma es inocultable: para
la Cámara de Diputados, “por el momento sólo existen condiciones para concretar
la reforma al artículo 24 de la Constitución”; sin embargo, nos advierten los
diputados que el reconocimiento del derecho de libertad religiosa implicará “la
revisión de los artículos 3º [educación laica], 5º [prohibición de pactos que
menoscaben la libertad, como sucede con los votos monásticos], 27 [patrimonio eclesiástico]
y 130 [separación del Estado y las iglesias]…”. Y, conviene no olvidarlo: cada
retroceso del Estado laico, es un avance del Estado confesional.
“Un
punto central en esta cuestión es la redefinición de la «libertad de religión»
que pretende implantar la jerarquía católica, quien oferta un concepto
tendencioso y sesgado de dicha libertad, asegurando que ella exige, entre otras
cosas, impartir educación religiosa en las escuelas públicas. Desde luego, ya
no se trata aquí de la comprensión de la libertad religiosa como derecho
humano, ni de su entendimiento como un ámbito de autonomía personal que protege
la conciencia individual; se trata, ahora, de una noción manipulada y
licenciosa de la “libertad de religión”, que sirve de bandera para exigir privilegios
religiosos.
“Las
consecuencias de la reforma: Son las minorías religiosas quienes sufrirán
principalmente las consecuencias de la reforma del artículo 24 constitucional.
La implantación de educación religiosa en las escuelas públicas ocasionará que
los niños y adolescentes que profesan
una fe distinta a la católica sean víctimas de actos de intolerancia y
discriminación, lo que incrementará la deserción escolar. Así, la religión se
convertirá en un factor de división entre los alumnos que profesan distintos
credos, lo que con el tiempo será un elemento de polarización social que dañará
gravemente nuestra convivencia.
“Asimismo,
las libertades de las minorías quedarán en un estado de vulnerabilidad con
motivo del desmantelamiento del Estado laico que se pretende con la reforma del
artículo 24 constitucional. Vale subrayar que en el disfrute de los derechos
humanos no debe haber minorías. Por lo anterior, los firmantes de esta
Declaración respetuosamente solicitamos al Senado de la República lo siguiente:
Que
rechace la pretendida reforma del artículo 24 constitucional, por las razones
expuestas; que abra espacios incluyentes de diálogo y reflexión, por la
importancia que tiene esta temática; que apruebe la reforma del artículo 40 de
nuestra Carta Magna, actualmente en espera de ser dictaminada por la Cámara de
Senadores, para elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado
Mexicano. ¡Libertad religiosa sin Estado laico, no es libertad! México,
Distrito Federal, 01 de febrero de 2012”.
Por
su parte, el Comité del Pueblo Unido, integrado por el esforzado luchador
social José Benigno Pérez Vega, considera que
las consecuencias de la reforma del artículo 24 constitucional son las
siguientes: Otorga al Estado la facultad de financiar las actividades
religiosas: la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y que este deba
canalizar fondos a hospitales y otras instituciones que realizan proselitismo
religioso; asignar sueldos a los sacerdotes, como ocurre en algunos países de
Europa; la inserción de capellanías en las fuerzas armadas.
Por
esas intenciones, “el Comité del Pueblo
Unido hace un llamado a la sociedad mexicana para retomar nuestras raíces
mexicas, el respeto a la naturaleza y le rendimos tributo a los cuatro
elementos: tierra, agua, aire y fuego. Cuetlaxcoapan, H. Puebla de Zaragoza
a 01 de febrero de 2012”.
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